Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia

El escándalo crece y parece no tener fin. Ya son varias las causas judiciales que se conectan por sus protagonistas. A veces denunciantes y, a veces, denunciados. Ese parece ser el caso de Leandro Camani, representante legal de la empresa proveedora de equipos automáticos de detección de infracciones viales “Secutrans S.A.”, quien acaba de hacer una presentación en la fiscalía Nº 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y actual titular de la CEAMSE.

De acuerdo al documento al que accedió este diario, en el escrito se lo acusa a Tapia de ser autor penalmente responsable de varios delitos, entre ellos abuso de autoridad; enriquecimiento ilícito y violación de los deberes de funcionario público.

Concretamente, respecto de la primera conducta endilgada, Camani refiere que “el accionar que se denuncia en la presente describe exactamente a un funcionario público en este caso, presidente de la CEAMSE, que maliciosa e intencionalmente no solo incumple un acto administrativo dictado por el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, por el cual se dispone la colocación de equipos de control de infracciones en el Camino del Buen Ayre (...), sino que dolosamente ha interrumpido -cortado la electricidad- de equipos ya operativos”.

En este punto cabe destacar que la CEAMSE gestiona ese corredor vial, que atraviesa varios puntos neurálgicos en el Oeste del Conurbano.

De acuerdo al escrito, con esa acción no solo se perjudica la Provincia, sino también los municipios, que reciben parte de la recaudación, y las empresas que brindan el servicio, porque al captar menos violaciones a las normas de tránsito, habría un evidente perjuicio económico.

Respecto del presunto enriquecimiento ilícito, en la denuncia se indicó que “el Sr. Tapia ha administrado fondos millonarios exorbitantes en su carácter de funcionario público, representante de la Provincia de Buenos Aires, ejerciendo el cargo de presidente de una entidad de bien público como lo es la CEAMSE. Como es de público conocimiento, se han detectado la existencia de un nivel de vida apreciable del Sr. Tapia así como sus allegados que incluye dinero, contratos, vuelos privados, propiedades, autos de lujo, yates, caballos de carrera, entre otros, que no se condice con un sueldo de un funcionario público”.

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Según Camani, “la intervención de la CEAMSE no ha tenido ni tiene por objeto la autorización para la instalación, habilitación o funcionamiento de los equipos de control de tránsito, extremo que, como ya se ha indicado, compete exclusivamente a la autoridad administrativa provincial en materia de seguridad vial. La participación de dicho organismo se ha circunscripto únicamente a cuestiones de índole operativa y logística, vinculadas a la ejecución material de los trabajos sobre la calzada, tales como la coordinación de cortes de traza, la implementación de desvíos y la señalización provisoria durante el desarrollo de las tareas técnicas”.

“El Sr. Tapia ha realizado maniobras tales como realizar cortes de electricidad, de manera burda realizando los cortes de los cables que alimentan los equipos de titularidad de múltiples empresas y en ubicaciones que han sido aprobadas por el Ministerio de Transporte, vulnerando de dicha forma las leyes provinciales de tránsito, y agravando dicha situación el hecho de ser funcionario público, en su carácter de presidente de la CEAMSE”, agregó.

“Debe resaltarse que el funcionario no promovió instancia administrativa alguna, ni interpuso recurso, ni dictó acto fundado que justificara su proceder, sino que actuó por vía de hecho, arrogándose facultades que no le corresponden y excediendo manifiestamente el marco de sus atribuciones legales”, refirió.

Respecto del por qué se radicó la denuncia en la UFI de Garganta, cabe recordar que el fiscal platense investiga una presunta red de funcionarios, abogados y gestores llamados “mata-multas”, en la que hay varios imputados. También sigue el escándalo del manejo de las plantas verificadoras vehiculares, con aparentes licitaciones armadas a dedo.

Por el momento el caso no tiene más movimiento que el sello de la mesa de entradas (06-00-005669-26/00). Se parece a una reacción de Camani luego de una presentación que hizo Tapia el 27 de enero pasado, en la que acusó al empresario y a dirigentes de la Coalición Cívica de una maniobra de extorsión, porque no quería poner sus cámaras en el Camino del Buen Ayre.

El abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, también le dedicó picantes tuis al denunciante en la red social X, donde lo apodó “fachita”.