El decomiso de bienes de Cristina, en la mira

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó una serie de medidas patrimoniales para avanzar en el decomiso de bienes vinculados a la causa Vialidad, en la que fueron condenados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros imputados.

La decisión se produjo luego de un nuevo planteo del fiscal Diego Luciani, quien solicitó ampliar el alcance del decomiso para cubrir el monto fijado como perjuicio al Estado, estimado en 685.000 millones de pesos.

Entre los bienes señalados figura el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario. También aparecen otras propiedades de la familia Kirchner, como el chalet de Río Gallegos, el hotel Alto Calafate y fondos en dólares vinculados a Florencia Kirchner.

Listado de inmuebles, vehículos y fondos

De acuerdo con el pedido del Ministerio Público Fiscal, el decomiso podría alcanzar a 141 inmuebles, de los cuales 13 pertenecerían a sociedades de la familia Kirchner y 128 a firmas relacionadas con Báez. Además, se incluyeron 46 automotores y distintas sumas de dinero.

Entre los activos reclamados figuran 4.664.000 dólares depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, otros 992.134 dólares en una cuenta bancaria y una suma menor en pesos.

La fiscalía tiene la responsabilidad de identificar los bienes susceptibles de decomiso, una de las consecuencias previstas en la ejecución de la condena penal.

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El proceso de ejecución patrimonial ya tuvo una primera etapa, que fue cuestionada por Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. Ese planteo se encuentra actualmente en la Cámara Federal de Casación Penal, cuya resolución será clave para que la Corte Suprema avance con la inscripción de los bienes alcanzados por el decomiso.

Mientras tanto, el TOF 2 —integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso— dispuso nuevas medidas para continuar con la individualización y eventual afectación de activos pertenecientes a los condenados.

En ese marco, el tribunal solicitó información al TOF 5, encargado del juicio por el caso Hotesur-Los Sauces, sobre la composición accionaria actual de esas empresas, sus autoridades y posibles medidas cautelares vigentes.

La postura del fiscal Luciani

En su dictamen, el fiscal Luciani sostuvo que los condenados han recurrido a distintos planteos procesales que, según afirmó, han demorado la ejecución del decomiso ordenado en la sentencia firme.

El representante del Ministerio Público consideró que el recupero de activos vinculados a delitos de corrupción resulta esencial para reparar el daño ocasionado y fortalecer la confianza pública en las instituciones.

También subrayó que el cumplimiento de las decisiones judiciales debe garantizarse de manera igualitaria para todos los ciudadanos, como parte de los mecanismos legales destinados a combatir la impunidad y restituir al Estado los bienes provenientes de maniobras ilícitas.