Revés para Chiqui Tapia: le quitarían al juez de Campana la causa por la mansión de Pilar

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había derivado a la Justicia de Campana la investigación sobre una quinta ubicada en Pilar y atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Ahora, será la Cámara en lo Penal Económico la encargada de definir qué magistrado deberá continuar al frente del expediente.

Hasta que esa definición quede firme, la causa continuará bajo la órbita del juez Adrián González Charvay, aunque la resolución lo deja cerca de perder el control del expediente. El magistrado había quedado al frente de la investigación luego de una controvertida disputa de competencia judicial.

La sospecha sobre una quinta de lujo en Pilar

En el expediente se investiga la compra de un predio de aproximadamente 10 hectáreas ubicado en Pilar, realizada en mayo de 2024 por Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte a través de la firma Real Central S.R.L. Los investigadores sospechan que la operación podría haberse concretado con fondos desviados de la AFA.

Según la hipótesis judicial, Pantano —monotributista— y Conte —su madre jubilada— habrían actuado como presuntos testaferros de las máximas autoridades de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante los procedimientos realizados en el marco de la investigación, la Justicia secuestró una importante flota de vehículos de alta gama, además de objetos vinculados directamente con Toviggino y su entorno familiar, como un bolso, una placa homenaje y un karting similar a los utilizados por su hijo Máximo Toviggino.

Otro de los elementos que fortalecieron las sospechas fue el hallazgo de una tarjeta corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano, utilizada para afrontar gastos vinculados a los vehículos secuestrados.

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La propiedad investigada cuenta con helipuerto y haras, y habría sido valuada en alrededor de 20 millones de dólares. La Justicia analiza si detrás de la operación existió una maniobra de lavado de dinero.

La pelea por la competencia judicial

La causa se inició originalmente en Comodoro Py, bajo la intervención del juez Daniel Rafecas. Sin embargo, luego de las primeras medidas de prueba, el magistrado se declaró incompetente y el expediente pasó al fuero Penal Económico por decisión del camarista Leopoldo Bruglia. Allí quedó bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky, quien avanzó con nuevas medidas investigativas.

Más adelante, una resolución de la Cámara de San Martín, con intervención del camarista Mario Lugones, derivó el caso a la Justicia de Campana. Esa decisión se originó a partir de una presentación realizada por Pantano y Conte ante el juzgado de González Charvay, argumentando que la quinta se encontraba dentro de la jurisdicción de Pilar.

Aguinsky se resistió a ceder el expediente, pero finalmente Lugones falló en favor de Charvay. Ahora, la Casación revocó aquella resolución y ordenó que la Cámara en lo Penal Económico defina “con la celeridad que el caso impone” qué juzgado debe continuar con la investigación.

Los jueces Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky remarcaron que aún existen aspectos clave sin esclarecer, entre ellos el lugar exacto donde se celebró la operación inmobiliaria, la modalidad de pago y la titularidad real de los automóviles incautados.

Otra investigación que involucra a la AFA

La definición quedará ahora en manos de la Cámara integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que además ya tiene bajo análisis otra causa sensible vinculada a la conducción de la AFA.

En ese expediente están procesados Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por la presunta retención indebida de 19.300 millones de pesos correspondientes a impuestos y aportes, en una denuncia impulsada por el Gobierno nacional a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En una de las últimas medidas adoptadas en la causa, el juez González Charvay dispuso a fines de abril una pericia contable integral sobre la AFA, la tarjeta corporativa emitida a nombre de Pantano, la firma Real Central SRL y la empresa TourProdEnter LLC.

Esta última sociedad está vinculada al empresario Javier Faroni y es la encargada de gestionar cobros de la AFA en el exterior. Según la investigación, percibiría un 30% de comisión sobre lo recaudado y habría desviado cerca de 57 millones de dólares hacia sociedades sin registros comerciales.

El magistrado pidió al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema que determine cómo fue el proceso interno que llevó a la contratación de TourProdEnter LLC y si las condiciones económicas del acuerdo se ajustaban a valores habituales para ese tipo de operaciones. Además, solicitó verificar si las ganancias obtenidas por la AFA desde 2019 fueron correctamente reflejadas en los balances de la institución.