Por MARTIN TETAZ (*)
Twitter: @martintetaz

El sobre de la compañía de luz pasó por debajo de la puerta, se deslizó casi medio metro en el hall de entrada y quedó amenazante, en el medio de camino de salida, como para no pasar desapercibido.

Hace unos años esta podría haber sido la peor escena de una película de terror. La sola idea de abrir el envoltorio y consultar el número metía miedo. Aunque en buena parte del interior del país esto sigue siendo así, ya no ocurre lo mismo en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, donde en virtud de los subsidios la factura de mi domicilio, por ejemplo, asciende a $56 pesos por bimestre; menos de $1 por día para un servicio fundamental sin el que prácticamente no sería posible vivir. Peso más, peso menos, lo mismo ocurre con el gas.

Cuando el desarrollo tecnológico de materiales haya avanzado lo suficiente como para que podamos abastecernos de energía solar masivamente, es probable que el costo de la electricidad sea tan bajo que resulte prácticamente gratuito calefaccionar la casa, iluminarla, e incluso cargar la batería del auto. Pero esa realidad hoy está a unos 25 a 30 años de distancia y lo cierto es que aunque no paguemos casi nada por la luz y el gas, eso no quiere decir que los costos de generarlos sean despreciables, ni mucho menos.

Todo lo contrario. Lo que ocurre es que el Gobierno está pagando, en promedio, cuatro quintas partes de la factura, en virtud del esquema de subsidios inicialmente implementado para amortiguar el impacto de la devaluación del año 2002. La aventura le costó al Estado 210.000 millones de pesos en 2014, en un contexto en el que las cuentas fiscales cerraron con un déficit de 170.000 millones. La contracara es que como el Gobierno está regalando el dinero que no tiene, termina pidiéndole al Banco Central que emita billetes para cubrir ese agujero. No es casualidad, entonces, que durante el año pasado el BCRA haya auxiliado al Tesoro en 161.000 millones.

SALIR DE LA TRAMPA

El problema, además de la inconsistencia financiera, es que en una economía de mercado los precios funcionan como señales que indican la escasez relativa de los bienes, dándole información a los productores (para que fabriquen más de aquellos bienes y servicios que están escaseando) y a los consumidores (para que ahorren, cuando hay menos disponibilidad). Un precio artificialmente bajo de la luz y el gas, les está diciendo a los consumidores que sobran esos servicios tan esenciales y que por lo tanto pueden consumirlos discrecionalmente, cuando esa no es la realidad.

Si el próximo Gobierno logra eliminar al menos tres cuartas partes de los subsidios, no necesitará emitir más pesos y podrá bajar drásticamente la inflación y controlar el dólar. Obviamente hay un costo político de la medida, porque los consumidores nos hemos habituado a la energía y el transporte regalados y a nadie le gustan los aumentos, pero es tan fundamental que no es posible salir del cepo sin resolver este tema simultáneamente.

La clave de la viabilidad está entonces en la arquitectura del proceso de normalización.

La primera medida es garantizar una tarifa social para proteger a los sectores más pobres de la población. Pero como ha sugerido el profesor Fernando Navajas, aquí lo correcto sería que el consumidor pague toda la factura completa sin subsidio, como si fuera cualquier vecino, pero recibiendo una cantidad fija de dinero por parte del Estado, para amortiguar el impacto en su bolsillo. Esto es muy simple de calcular, puesto que como en las facturas se discrimina el monto del subsidio, es muy fácil ver cuánto dinero recibió ese consumidor durante 2014 y transferírselo a su cuenta de la Anses (AUH, Progresar, etc.), por ejemplo.

UN REGISTRO AL REVES

Para instrumentar esa medida el Gobierno tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que hizo en el 2011 cuando abrió el registro voluntario para darse de baja de los subsidios. Para explotar el “efecto cognitivo de statu quo”, conviene abrir un registro de solicitud del beneficio, donde el aspirante complete una declaración jurada justificando su necesidad. Obviamente no calificaría alguien que paga impuesto a las Ganancias, que abona $300 pesos mensuales de cable o de internet, o que compró un cero kilómetro en los últimos dos años, por mencionar algunos filtros.

La segunda medida es que los subsidios energéticos deben ser eliminados contra estación; esto es: la luz en abril, cuando cede el calor y baja el consumo y el gas en octubre, cuando afloja el frío y cae la demanda. De esta forma se amortigua el impacto en la factura, porque la suba del precio coincide con la caída en las cantidades.

La tercera medida es mensualizar las facturas, porque la gente tiene cuentas mentales mensuales, dado que los principales ingresos (salarios) y gastos (alquiler, celular, cable, colegio, prepaga, etcétera) tienen esa periodicidad. Aunque matemáticamente sea lo mismo una factura bimensual de $500, que dos mensuales de $250, cognitivamente no se procesan de la misma manera. La gente compara servicio contra servicio y si paga por ejemplo $280 por el cable, por internet o por el celular, con ese número comparará la factura del gas y la luz para juzgar si está cara o barata.

Por último; es una excelente oportunidad para limitar el contenido impositivo de la factura, que es una de las cosas que la hace más cara. Aquí también conviene establecer un cargo fijo equivalente a lo que se pagó en 2014 en concepto de impuestos.

(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) e investigador visitante del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS)