A 12 años del doble crimen, las secuelas del dolor siguen intactas

Marcela Basualdo tenía 28 años y su marido, Jorge Torres, 36, cuando el 3 de diciembre de 2004 fueron a Villa del Plata, a la casa de un maestro mayor de obra que se había comprometido a devolverles los 4.300 pesos que les debía por el pago adelantado de una construcción que nunca hizo. El hermano de Jorge los esperaba a cenar, pero no llegaron. Al día siguiente Marcela no se presentó a su trabajo en “La Academia” de peinados. Y la familia se empezó a preocupar. Comenzaron a buscarlos dos helicópteros y 100 policías, desde La Balandra, en Berisso, hasta Hudson.

En ese operativo encontraron estacionado en 36 entre 1 y 115 al auto Renault 12 de la pareja, con dinero, los documentos del matrimonio y todo lo que usualmente llevaban. Sólo faltaba la copia del contrato con el constructor de Punta Lara, Walter Olmos.

A las 6 de la tarde del 6 de diciembre -tres días después de la desaparición de la pareja- la policía halló dos cadáveres sepultados a la vera del Camino Negro, que conecta Villa Elisa con Boca Cerrada. Aunque no le habían confirmado que eran los de su hija y su yerno, al recibir aquel llamado Luis Basualdo (62) supo que algo en él se había roto.

“La vida te cambia, porque siempre te va a faltar algo”, dice ahora, 12 años después, el papá de Marcela, “porque sabemos que estamos de prestado en este mundo, pero la forma en que la mataron...”

Según se estableció en el juicio que se hizo tres años después, Olmos asesinó primero a Torres de varios golpes con una maza o una pala y terminó asfixiándolo con sus manos, hasta fracturarle varios huesos. Luego atacó a trompadas a la mujer y le colocó una bolsa en la cabeza.

Cargó los cuerpos en la camioneta, los tapó con arena y los llevó hasta el Camino Negro. Los forenses detectaron que Basualdo fue enterrada viva y que falleció por un síndrome asfíctico. El 12 de diciembre de 2007 el TOC 4 condenó a Olmos a 24 años (sentencia que ya está firme), pero como en el debate salió a la luz que Marcela había sido, además, violada, el imputado volverá a sentarse en un banquillo en 2017, para que se lo juzgue por “abuso sexual con acceso carnal”.

Basualdo sabe que hoy irá al cementerio de Berisso para visitar la tumba de su hija, como sabe que Navidad y Año Nuevo son las fechas más difíciles, casi tanto como los fines de semana.

“De lunes a viernes voy a los tribunales, me ocupo de las causas, veo a uno o a otro. Es un cable a tierra”, explica Luis, quien desde un primer momento siguió de cerca su expediente (sobre todo cuando le dijeron que “alguien había cobrado 50 mil pesos para dormirlo”) y ahora los de tantos otros que pasaron por tragedias parecidas. En 2009 Basualdo comenzó a trabajar con familiares de víctimas y ahora es representante en Berisso del “Centro de protección y atención de víctimas y familiares”, desde donde impulsan, entre otras cuestiones, “la creación de una comisión de carácter permanente” en el Concejo Deliberante de esa ciudad, para “atender de un modo institucional las necesidades que reflejen los familiares de víctimas”, explicó.

La iniciativa acompaña dos proyectos de ley que presentó en septiembre la gobernadora María Eugenia Vidal, para “potenciar el rol de la víctima”, tanto en el proceso como en la etapa de ejecución penal.

“Pedimos la igualdad de derechos; que seamos representados por un abogado solventado por el estado, porque el imputado tiene un defensor oficial y las víctimas tienen que pagar 200 mil pesos a un penalista, sólo para llegar a juicio”, puntualizó Basualdo.

En esa pelea está hoy, con apoyo psicológico y psiquiátrico (igual que la mamá de Marcela), ya que “de otro modo no se aguanta”, resume. Su suegro se suicidó poco después del doble crimen. A él lo operaron 12 veces de la columna. Y “en julio tuve un ACV, todo por estas amarguras”, dice. Aclara que ese ataque no le dejó secuelas, pero las del crimen de su hija no sanarán nunca del todo.