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Ayer fue otra jornada de múltiples cortes que enloquecieron a los automovilistas
Sorprendidos, resignados, preocupados o directamente enfurecidos, decenas de miles de automovilistas y pasajeros del transporte público local volvieron a quedar ayer presos en la telaraña de un microcentro minado con marchas y piquetes. Fue la enésima reedición de un fenómeno que ya está incorporado a la agenda de los platenses como una contrariedad crónica.
Empleados de la administración pública -en 51 entre 7 y 8, frente a la Legislatura bonaerense- y organizaciones barriales -en 12 y 51-, quemando cubiertas y bloqueando el tránsito, bastaron para provocar en horas pico de la mañana y el mediodía el colapso del área con mayor densidad vehicular de la Ciudad.
Además, dos de los principales accesos al casco histórico estuvieron complicados: trabajadores de una empresa química reclamaron por una treintena de suspensiones en 520 y ruta provincial 36, y la comunidad educativa de la Escuela Nº77 cortó la avenida 44 a la altura de 155 para pedir mejoras edilicias y la conexión de luz, agua y gas en su nuevo edificio, inaugurado el año pasado.
Desde hace más de una década, virtualmente todas las semanas entre los meses de marzo y diciembre, y con mayor intensidad de martes a jueves, La Plata es terreno fértil para los piquetes. A tal punto que se la considera la “capital” de esta modalidad de protesta. Un estudio realizado años atrás reveló que nuestra ciudad alberga, en promedio, de dos marchas o concentraciones por día, y que han llegado, en ocasiones puntuales, a ser una decena.
El cuadrante urbano comprendido entre 1, 13, 44 y 60 es el escenario de la mayoría, que refleja y amplifica una tendencia nacional. Según reveló en el envío televisivo “Justicia en primera persona” la abogada Cristiana Domínguez, “una investigación iniciada en el año 2010 por el Barómetro de las Américas determinó que la Argentina lideraba, con un 15,4 por ciento, el ranking de protestas en la Región”.
Domínguez, autora del libro “El espacio público como conflicto social: aproximación regional e internacional del caso Argentino”, cree que es posible que Argentina siga liderando esa lista: “este conflicto social que se viene dando hace más de 20 años aproximadamente conlleva un conflicto de intereses y de derechos. La calle ha pasado a ser el nudo de conflicto jurídico sin desatar”.
La letrada, que en 2014 presentó un proyecto de ley para abordar la problemática que se debatió en la comisión de Asuntos Institucionales pero no llegó a ser tratado en el recinto, explicó que “era una iniciativa elaborada en base a estándares internacionales de protestas, y se promovió cabo para lograr llegar a una solución equilibrada de derechos”.
“El tema de la violencia es un ingrediente que ha sido parte constante de los conflictos y que ya se tomó como algo normal” advirtió Domínguez: “el piquete, que no está avalado por ninguna interpretación internacional, se ha tomado como algo cotidiano a lo que hay que aprobar”.
En los últimos meses, al compás del crecimiento en los bloqueos intempestivos de calles y avenidas, que pueden hacer que los conductores tarden una hora en recorrer la distancia que separa las plazas Italia y San Martín -o resuelvan cruzar por encima de plaza Moreno-, ganan terreno las voces favorables a generar una suerte de protocolo “anti-piquete”.
Fernando Ponce, presidente del Concejo Deliberante local, aclara que el proyecto de ordenanza que en ese sentido “fogonea” la Comuna, “no busca cercenar ningún derecho, sino ser una herramienta para conciliar el derecho de todos los vecinos”.
El “Protocolo de actuación en manifestaciones públicas” apuntaría a establecer pautas para los cortes, exigiendo que fueran notificados con anterioridad y que no incluyeran quema de gomas ni pirotecnia, además de establecer “corredores seguros” para ambulancias y móviles de Bomberos y Defensa Civil.
“Tanto los bomberos como servicios de emergencias sanitarias han planteado que ante los numerosos cortes que se dan en la Ciudad, ven demorada la asistencia que pueden dar a las víctimas” sentencia Ponce: “queremos dar respuesta a este reclamo con la creación de corredores específicos porque están teniendo demoras de 45 minutos cuando el límite es de 14”.
“Lo que estamos haciendo es escuchar el reclamo de muchos ciudadanos que piden que se garanticen sus derechos a la libre circulación, a ir a sus centros de trabajo, y esto también ha sido plateado por los choferes de micros y los taxistas, que ven dificultadas sus tareas”, ejemplificó el edil.
Los relevamientos oficiales más recientes arrojan como conclusión que el mes con menos protestas en la calle es enero y el más conflictivo es mayo, un patrón que parece estar repitiéndose durante 2016.
El mapa de los piquetes, en ese contexto, distingue cinco zonas particularmente críticas: los tramos de avenida 7 entre 47 y 50 -Presidencia de la Universidad Nacional-; 7 entre 55 y 59 -Ministerio de Desarrollo Social, Tribunales-; 6 entre 50 y 54 -Casa de Gobierno-; 12 entre 49 y 54 -Palacio Municipal- y 13 entre 56 y 58 -Dirección General de Escuelas-.
Los comerciantes de las zonas afectadas hablan de caídas en sus ventas del orden del 50 por ciento en los días de manifestaciones, que rara vez se extienden por menos de cuatro horas.
El protocolo municipal fue tratado en el área de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Concejo Deliberante durante la semana que pasó. Javier García, titular de esa comisión, admitió que “por tener a la Municipalidad y la sede de la administración de la Provincia en un mismo espacio geográfico, la Ciudad es epicentro de conflictos”.
“Si bien con la protesta se han conquistado muchos derechos” subrayó el legislador, “se deben garantizar tanto los de quienes quieran manifestarse como los de aquellos que deseen circular libremente. Hay que establecer la autoridad y el orden que se seguirá en el momento en que se realicen las protestas”.
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