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Carrió denunció "mafias" y vínculos entre Stiuso, Angelici y De Vido
La diputada Elisa Carrió se presentó hoy en las dos causas abiertas contra el desplazado jefe de Aduana Juan José Gómez Centurión, para sostener que responden a una "operación de inteligencia" de "mafias enquistadas" en ese organismo y relacionadas con "contrabando, tráfico de efedrina, financiación ilegal de la política y negociados vinculados con el mundo del fútbol".
En su extenso escrito, Carrió vinculó en las maniobras desde el espía Antonio Stiuso y el presidente de Boca Daniel Angelici hasta el ex ministro de Planificación Julio De Vido y Alfredo "Freddy" Lijo, hermano de Ariel Lijo, el juez que lleva adelante la causa que impulsó la ministra de Seguridad Patricia Bullrrich contra Gómez Centurión.
La gestora de Cambiemos no se presentó en los tribunales federales, pero sí uno de sus abogados y la legisladora Paula Olivetto, quien presentó el escrito ante los fiscales Guillermo Marijuan (que instruye la denuncia de Bullrich) y Franco Piccardi (que impulsó una denuncia también contra Gómez Centurión, presentada el mismo día que la otra, por el abogado Maxiliano Buscón).
Allí Carrió sostuvo que ella "ahora no tiene elementos que permitan inferir que Gómez Centurión incurrió en delitos" y pidió al fiscal Marijuan establecer "el rol en la Aduana del grupo liderado por Carlos Odemar Barreiro Laborda y sus relaciones por dentro y por fuera de la Aduana".
"Es Gómez Centurión el que debe explicar su relación con Barreiro Laborda -dijo-. No obstante, estamos en presencia de una burda operación de inteligencia que excede la responsabilidad administrativa de un funcionario con la única finalidad de volver a instalar en la Aduana esa matriz mafiosa donde participaban en connivencia empresarios, funcionarios, contrabandistas, miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia".
Carrió advirtió que "los intereses lesionados a partir de la gestión de Cambiemos en la Aduana que, para que se mantenga el status quo mafioso que durante años ha regido los destinos de la institución, era necesario excluir a aquella gestión que planteaba una ruptura al mismo".
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Afirmó además que Gómez Centurión buscaba "desentrañar diversos negocios ilegales referidos a irregularidades en las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), con la suspensión de habilitación de depósitos fiscales y con su lucha contra grupos dedicados al contrabando", lo cual -dijo- "ha tocado intereses de poderosos grupos dedicados al contrabando y al tráfico de estupefacientes".
"Estamos en presencia de una burda operación de inteligencia que excede la responsabilidad administrativa de un funcionario con la única finalidad de volver a instalar en la Aduana esa matriz mafiosa donde participaban en connivencia empresarios, funcionarios, contrabandistas, miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia", dijo.
Y advirtió: "A todas luces no es menor que en el grupo de Laborda se encuentre denunciado Claudio Minnicelli -cuñado de De Vido y conocido lobbysta cercano a Freddy Lijo y operador en numerosas causas judiciales- que de requerirse la suscripta aportará a la presente".
Frente a eso, Carrió reclamó "determinar, lo que a todas luces parecen escuchas ilegales, de dónde provienen estas captaciones de las comunicaciones, si del propia Agencia Federal de Inteligencia o de la empresa 3C Consulting", una de las agencias a la que la ex SIDE le derivaba tareas de inteligencia.
También pidió establecer si "los diálogos fueron editados o no, y si esto forma parte de un operativo para mantener los depósitos fiscales o los couriers de Ezeiza, logrando la impunidad de los mafiosos que se apoderaron del sistema, excluyendo a los que intentaron romper con los esquemas delictivos de la Aduana".
Enfatizó que "es fundamental investigar la posible existencia de efedrina y otras drogas en los depósitos fiscales, ya que la administración de Gómez Centurión estaba prestando colaboración con distintas causas e investigaciones", como la causa de la efedrina que lleva adelante María Servini.
Según explicó, "ello sería determinante para establecer si este procedimiento de burda inteligencia está o no está destinado a que la droga siga circulando y siendo exportada al mundo por depósitos fiscales sin ningún control por las autoridades argentinas".
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