Procesan a Gils Carbó por la compra de un edificio para la Procuración

La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quedó procesada por fraude al Estado, debido a supuestas irregularidades cometidas en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación en el microcentro porteño. El juez federal Julián Ercolini tomó la medida por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos, junto a otro cuatro imputados que participaron de la operación, informaron fuentes judiciales.

Es la primera vez que un Procurador General de la Nación queda procesado en la Justicia.

Gils Carbó adhirió al kirchnerismo y su accionar la convirtió en blanco de la administración de Mauricio Macri, que desde que asumió pretende removerla del cargo. De hecho, hay otra causa avalada por el Gobierno en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal donde debe definirse si el jefe de los fiscales puede ser removido sin juicio político.

El abogado León Arslanian, defensor de la Procuradora, afirmó hoy que a su clienta se la acusa de un “delito imaginario”, advirtió que le produce “estupor” la decisión del juez Ercolini de procesarla y remarcó que “genera suspicacias” que se haya adoptado esa medida poco antes de las elecciones legislativas. El ex ministro en Nación y Provincia, que asumió la defensa la semana pasada, aseguró que “la resolución judicial “no nos sorprende.

Explicó, en un comunicado, que se le adjudica “una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno”. Y aseguró que “desde luego, se interpondrán los recursos judiciales pertinentes”

UN PLATENSE EN LA CAUSA

El 31 de agosto Gils Carbó fue indagada en la causa que analiza las “abultadas” comisiones que se pagaron por la compra del edificio de la calle Perón 667, donde hoy se erige la Procuración. Allí está probado que el funcionario clave que se encargó de la licitación, Guillermo Bellingi, resultó medio hermano del platense Juan Carlos Thill, quien está acusado de cobrar la mitad de una comisión de 7,7 millones de pesos que se le pagaron a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la operación. Precisamente por eso Bellingi y Thill están imputados junto a Gils Carbó.

Tanto en su indagatoria como ante la prensa, Gils Carbó se despegó de la operación: aseguró que desconocía el vínculo y que no hubo perjuicio para el Estado. Culpó de las supuestas irregularidades a Bellingi y a Thill, familiar de este último y corredor de seguros.

Sin embargo, Ercolini sostuvo que “existen pruebas suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido” en esta etapa, que “Alejandra Magdalena Gils Carbó -Procuradora General de la Nación- y Guillermo Alfredo Bellingi -Subdirector General del mismo organismo- violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos, previo acuerdo con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera SA -en particular con Adrián Marcelo González Fischer, en forma directa o a través de intermediarios- idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio con la intervención dolosa fundamental de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill”.

Según el fallo, “mediante la maniobra, se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional”. Ercolini sostuvo que “la cuantiosa prueba reunida en esta causa permite considerar que los actos de ejecución de la maniobra desarrollada, enmarcada en la administración y cuidado de bienes pecuniarios pertenecientes al Estado, habría sido realizada cuanto menos entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013, mediante distintas acciones ardidosas”. Ello, añadió, “con la intervención dolosa de diversas personas, con roles diferenciados; con abuso de poder; con aprovechamiento -para dar apariencia de legitimidad al acto general -de los canales administrativos; con la utilización instrumental de funcionarios del organismo ajenos al plan; con personas insertadas con calidad simulada; otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación; y valiéndose de otras formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble y los actos de administración que la rodearon”.

Agregó que “se encuentra acreditado” que Gils Carbó y Bellingi, en su condición de funcionarios públicos, con la intervención dolosa de González Fischer, Bárbara Jaureguiberry y Thill, se interesaron directamente, aprovechándose asimismo de personas interpuestas y también mediante la simulación deliberada de una licitación pública, en la compraventa del edificio con miras a la obtención de beneficios personales”.