Caso Maldonado: el juez tomó testimonios en tierra mapuche

El juez federal Gustavo Lleral visitó ayer por la mañana la comunidad mapuche Resistencia Cushamen y le tomó declaración testimonial a dos de sus integrantes, que presenciaron el operativo de Gendarmería del primero de agosto, durante el cual desapareció Santiago Maldonado.

El magistrado -quien reemplazó en la investigación al recusado Guido Otranto- llegó a la Lof alrededor de las 8, acompañado sólo por dos secretarios y un escribiente, quienes dialogaron durante más de dos horas con Andrea Millañanco, pareja del lonko (autoridad máxima) de la comunidad Facundo Jones Huala, y Elizabeth Loncopán, entre otros.

En un día lluvioso y frío, el encuentro se produjo en un modesto resguardo en una de las entradas al predio, al que llaman “guardia”, en torno a un fogón, donde funcionarios judiciales y mapuches compartieron varias rondas de mate y dialogaron sobre la necesidad de formalizar en la causa las testimoniales de dos jóvenes, quienes no lo habían hecho hasta ayer.

Se trata de una mujer y un hombre de alrededor de 25 años, cuyas identidades no fueron informadas, y que ofrecieron su testimonio de a uno, sólo ante el juez y los secretarios, en el interior de la camioneta en la que los funcionarios llegaron hasta el lugar.

Antes de prestar sus declaraciones, los mapuches transmitieron al juez su preocupación sobre los “riesgos” que corren quienes dan sus testimonios, a lo que les respondieron con explicaciones sobre las garantías procesales previstas para estos casos.

En tanto, Lleral evitó dar declaraciones públicas y se limitó a señalar a Télam que encabezó una “negociación” con los mapuches en el marco del trabajo de investigación del caso, y que “cualquier intervención” externa podría frustrar sus objetivos.

Estas dos nuevas declaraciones se suman a las realizadas en el juzgado federal de Esquel ante Otranto por Millañanco, Soraya Maicoño y Fernando Santana, quien dijo haber visto cuando varios gendarmes detuvieron a Maldonado junto al río Chubut, lo golpearon y lo subieron a un camión o unimog, para pasarlo a una camioneta que se lo llevó del lugar.

El nuevo juez de la causa ya había visitado la comunidad el sábado, pero en esa ocasión sólo dialogó informalmente con los mapuches que se encontraban en el lugar, y su visita de ayer fue la primera actuación oficial en el lugar con los integrantes de la comunidad.

En ambos casos, el magistrado llegó sin custodia policial.

Otranto, en cambio, había visitado el lugar el lunes 18 de septiembre pero custodiado por cientos de efectivos de la Policía Federal, en el marco de un rastrillaje del río y las costas en busca de rastros de Maldonado, y no tuvo contacto con los mapuches.

cambio de animo

El hermano de Santiago Maldonado, que el martes se mostró muy optimista con la investigación tras declarar por primera vez en la causa ante el juez Lleral, ayer no fue tanto. Tras una reunión con la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, quien instruye la causa por “desaparición forzada” del joven, dijo que no vio “ningún avance” en la investigación.

Sergio Maldonado afirmó en declaraciones a la prensa tras la reunión que mantuvo con la fiscal en Esquel: “Yo no veo ningún avance. Vería avance si estuvieran todos presos y juzgados”.

“Lamentablemente mi visión es esa. Para mí siempre está en el mismo lugar. Yo no veo progreso”, advirtió el hermano del joven que permanece desaparecido desde el 1ro. de agosto tras una protesta mapuche en Chubut reprimida por Gendarmería.

Maldonado dijo entender “los tiempos de la Justicia. Habrá que leer todo y ver qué hay de nuevo, y ver si con eso se puede avanzar la semana que viene con algo más real”.

“Se siguen esperando otros peritajes sobre los celulares porque se sigue ampliando sobre distintas pericias que se hicieron”, manifestó, y aseguró: “Para mí el tiempo es eterno”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reiteró que al Gobierno “le interesa la aparición con vida” de Maldonado y dijo estar “orgulloso” del trabajo de las fuerzas de seguridad, aunque advirtió que “no habrá encubrimiento a ninguna persona que haya hecho algo mal”, en su informe ante la Cámara de Diputados.