El 10% de los policías sancionados son de La Plata

El caso en Melchor Romero ocurrió en la misma semana donde se descubrió otro escándalo por el pago de adicionales en las comisarías fue en la seccional 1° de Florencio Varela, en cuya caja fuerte hallaron 500 mil pesos, después de que el jefe de la Distrital, Adolfo Martín Matos (47), retiró otros $ 750 mil de la cuenta de la dependencia, sin poder explicar por qué. Todo terminó con tres policías desplazados: el propio Matos, el titular de la comisaría, Pedro Gabriel González (38), y su pareja, la administradora de las horas adicionales (Polad) Gisela Luján Cordara (29).

No era el primer caso de estas características. El 1° de septiembre ya habían encontrado 800 mil pesos en la comisaría Primera de La Plata, “de procedencia injustificada”, lo que les costó el puesto al jefe de la seccional, Pablo Orgóñez, y a otros ocho policías.

Desde diciembre de 2015 hasta ahora, el 6 por ciento del total del personal fue desplazado de la fuerza por distintas faltas administrativas, algunas de ellas consideradas graves.

La estadística oficial refleja que, al 31 de agosto de este año, la Auditoría de Asuntos Internos dio inicio a 15.446 sumarios, por los que 6.164 agentes terminaron apartados de sus funciones.

De ese total, el 10% era de La Plata, lo que da cuenta de la grave situación institucional de la fuerza en este distrito, donde en abril del año pasado se encontraron 36 sobres con dinero en las oficinas de la Jefatura Departamental.

De acuerdo a la información oficial, en nuestra región los policías desplazados en esos 20 meses fueron 575, entre expulsados y desafectados, a los que se suman 150 suspendidos. Respecto de las causas que motivaron su expulsión, la mitad está vinculada a actos de corrupción. De hecho, fuentes oficiales señalaron que “por enriquecimiento ilícito se iniciaron 300 expedientes que abarcan a unos 900 efectivos, 80 de los cuales ya están denunciados en la Justicia”. De esos 80, hay 9 que estarían implicados en lavado de activos. Resta definir la situación de los que no presentaron sus declaraciones juradas, ni ante la Escribanía General de Gobierno, ni en Asuntos Internos.