La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner

“Prioridad total”. Eso es lo que dicen en la Justicia sobre la situación procesal de Cristina Kirchner, quien mientras cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, semanas atrás recibió un duro revés en su contra. Fue cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) remitió a la Corte Suprema de Justicia el oficio con el detalle de los bienes a decomisar de la expresidenta, Lázaro Báez y los demás condenados por este caso. Con esto, el máximo tribunal quedó en condiciones de determinar qué inmuebles deberán entregar.

Concretamente, los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso resolvieron que se debe proceder con la ejecución de bienes con la finalidad de que los nueve condenados por Vialidad respondan con sus respectivos patrimonios hasta cubrir la suma de 684.990.350.139,86 pesos.

Como es habitual en expedientes en los que se investigan hechos de corrupción, lavado de activos o narcotráfico, la Corte deberá centrarse ahora en administrar y establecer el fin de los bienes decomisados. Puede elegir incorporar algunos al patrimonio del Poder Judicial, como también resolver si es conveniente la cesión a alguna organización o estamento público que lo haya requerido. Las propiedades que no cumplan con dichas finalidades, serán sometidas a una subasta pública.

EN NOMBRE DE LOS HIJOS

En total son 20 los inmuebles que podría perder la familia Kirchner: uno inscripto a nombre de la expresidenta y 19 que fueron heredadas en partes iguales por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. En este punto, la Justicia argumenta que si esos bienes fueron producto de ilícitos que cometieron sus padres pueden ser decomisados aunque estén formalmente a nombre de los herederos.

Además, el fiscal Diego Luciani ya trabaja para avanzar en nuevas incautaciones. Pues, advierte, la fortuna de los Kirchner excede largamente este primer decomiso y debería servir para resarcir el daño económico producido contra el Estado.

Lázaro Báez, en tanto, debería desprenderse de más de 90 propiedades e incluso inmuebles que pertenecen a las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria en alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas durante el kirchnerismo.

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A lo largo del juicio oral y en la sentencia que terminó con la condena contra Cristina se comprobó que “el dinero ilícitamente obtenido –proveniente de la competencia aparente y la cartelización de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, de los sobreprecios en la adjudicación de las obras licitadas, de la permisividad con la que eran analizadas las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y de los anticipos financieros y pagos anticipados otorgados en favor de Austral Construcciones SA–, generó ganancias en claro e indebido beneficio de esa sociedad”.

Esos beneficios económicos fueron también a favor de Báez, “cuyo patrimonio experimentó un crecimiento exponencial entre los años 2002 y 2014, así como de quienes establecieron con él y sus empresas vínculos comerciales a sabiendas de esa circunstancia, entre ellos, los ex Presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, según surge del expediente.

Con estas pruebas, el TOF 2 entendió que era tiempo de avanzar sobre la ejecución patrimonial, bajo la premisa de que “en los delitos de corrupción el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado, por lo que resulta importante otorgarle un sentido de restauración de la justicia y restablecimiento de equilibrio perdido, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos”.

Los jueces del TOF 2 recomendaron que se priorice a la provincia de Santa Cruz a la hora de destinar un bien social a las propiedades. “Conviene recordar que, si bien la maniobra fraudulenta acreditada afectó directamente los intereses pecuniarios de la administración pública nacional, también produjo un detrimento extraordinario en la red vial de la provincia de Santa Cruz, circunstancia expresamente desarrollada en la sentencia condenatoria”, indica el fallo que oficializó el decomiso inicial.

MÁS JUICIOS

Más allá del caso Vialidad, en la Justicia avanza (lentamente) otro histórico proceso oral contra la exmandataria como es el que investiga los denominados Cuadernos de las coimas, en el que tanto exfuncionarios como empresarios habría sido parte de un esquema de sobornos por el que ambas partes resultaron beneficiadas, según se ha probado en los tribunales.

Ya para el año próximo, a Cristina le espera otro juicio. Es el que tiene que ver con el caso conocido como “Hotesur - Los Sauces”, en donde aparecen involucrados sus hijos, que figuraban en empresas hoteleras e inmobiliarias que, según la acusación, se habrían usado para lavar dinero proveniente de la corrupción.

Vale recordar que la expresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por Vialidad. En caso de recibir otro fallo en su contra, las penas se unifican y el Tribunal que aplicó el castigo más alto define cómo hacerlo. Por ejemplo, dos condenas de 6 años podrían convertirse en una sola de 12; o hacer una ponderación que incluya el comportamiento de la condenada y antecedentes que le permitan reducir el total de los años en prisión.