La nueva dureza penal y la falsedad de los cambios de paradigma en los homicidios viales

CARLOS IRISARRI
bulldogslobo@yahoo.com.ar

Llama la atención, en estos últimos tiempos, la trascendencia político-periodística que ha tenido el problema de los “homicidios viales”. En tal punto, la ciudadanía ha enmarcado su preocupación respecto a este tipo de sucesos equiparándolos a otros sucesos criminales notoriamente más aberrantes e incluso demonizando al responsable.

Cuando se habla de “homicidios viales” se está haciendo alusión (en la gran mayoría de los casos) a homicidios producidos por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de vehículos. Es decir, por no haber respetado un semáforo, por no haber guardado la distancia debida, por conducir en estado de ebriedad, por haber doblado muy cerrado en una esquina, etc. Lo característico es la falta de intención (no hay dolo, sino culpa).

Ahora bien cuando la ciudadanía (preocupada legítimamente por este tipo de sucesos) reclama reformas legislativas en materia penal, y dicha preocupación es canalizada políticamente mediante el acrecentamiento de las penas, se dejan de lado dos principios fundamentales que deben guiar toda política criminal: uno, que el Derecho Penal es la última ratio del sistema de control social y, otro, que dicho incremento no se traduce en una directa disminución del delito, más todavía cuando este tipo de delitos no son intencionales.

En el caso no estamos refiriéndonos a personas que quisieron delinquir (matar, lesionar, robar, estafar, etc.), sino a imprudentes, negligentes o transgresores de la reglamentación. ¿Quién no lo ha sido alguna vez en la vida?

Dejando de lado casos tales como conducción con exceso de velocidad frente a un colegio o realización de “picadas” en la vía pública, que deberán ser juzgados como homicidios con dolo eventual (es decir, intencionales), lo cierto es que en nuestro Derecho la pena no es poca para el homicidio vial (inhabilitación para conducir y pena de prisión que puede llegar hasta los seis años), debiendo el Juez determinarla conforme las particularidades y circunstancias del caso en concreto.

Las últimas reformas en materia penal han sido nefastas y en nada han contribuido a superar la situación. Si la intención del legislador ha sido satisfacer el clamor popular, generar reformas de efectos “aparentes” o leyes de trascendencia “simbólica”, lo ha logrado; pero en la realidad nada ha cambiado. El Derecho Penal actúa con posterioridad a la comisión del delito -no actúa antes, sino después de que los crímenes son realizados-, por ello, si pretendemos modificar la cifra de muertes que aqueja a nuestro país mediante reformas de índole penal, lamentablemente estamos asumiendo que llegamos tarde.

La inflación penal es producto de una equivocada concepción del rol social del Estado. Es cierto que es misión del Estado promover un cambio de las relaciones sociales en orden al control social de la ciudadanía, pero tal cambio no debe pretenderse consagrar a través del Derecho Penal. La política social debe primar por sobre la política criminal. Zipf ha dicho que la Política Criminal “es el dispositivo más inadecuado que puede concebirse para la modificación de la sociedad”. Quién desde la Justicia Criminal pretende modificar la Sociedad se asemeja a quien pretende elaborar un programa pedagógico a partir del castigo escolar.

¿Cómo superar entonces el caos vehicular y consecuentemente sus desgracias?

Primero, en lo específico, con una sostenida educación vial del pueblo. Segundo, con una habilitación seria, concienzuda, justa y eficaz al otorgar la licencia para conducir (hoy en día para poder conducir solamente hay que tener auto –no es para reír, sino para llorar pensar que en La Plata se otorgó carnet a quien volcó en la pista de examen luego de su “aprobación”-). Tercero, el caos de estacionamiento y la libertad de dejar el auto en cualquier lado –doble fila, por ejemplo- como ocurre en nuestra ciudad, contribuye a la permisión del anti-reglamentarismo que se extiende al modo de conducir.

Finalmente, la gran llave del progreso de los pueblos es la Cultura y la Educación: si a los niños desde la Escuela Pública se les impusieran valores de responsabilidad, solidaridad, amor al prójimo, respeto, prudencia, tolerancia, justicia, urbanidad, mansedumbre y buena fe, tendríamos muchos menos accidentes vehiculares.

Derecho Penal apenas ayuda y es una excusa para la propaganda de los políticos que, generalmente, mienten y mienten y siguen mintiendo pronosticando falsos “cambios de paradigma”. Esos políticos que ni siquiera saben quiénes son los que saben.