

Diego Lagomarsino, más complicado. El juez lo procesó, acusado de haber participado del crimen / archivo
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El juez Ercolini cree que colaboró con el crimen y apuntó a su vínculo con el fiscal. La misma medida le dictó a los cuatro custodios
Diego Lagomarsino, más complicado. El juez lo procesó, acusado de haber participado del crimen / archivo
La situación judicial de Diego Lagomarsino en la causa por la muerte de Alberto Nisman quedó aún más complicada luego de que el juez federal Julián Ercolini haya procesado al técnico informático como presunto “partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas”. También le embargó bienes por $ 15 millones y mantuvo la decisión de que no pueda salir del país. Si bien no le dictó la prisión preventiva, dispuso que siga controlado mediante una tobillera con GPS, por lo que el ahora procesado no podrá alejarse de su domicilio declarado por más de 24 horas ni más de 10 kilómetros sin autorización judicial, y deberá comparecer al juzgado cada 15 días.
Lagomarsino reconoció en más de una oportunidad ser el dueño del arma de la que salió el disparo que mató al fiscal, aunque siempre sostuvo que el investigador se la había pedido prestada un día antes de aparecer muerto para proteger a sus hijas.
El magistrado determinó que Lagomarsino prestó colaboración para el homicidio ejecutado por una o más personas, entre las 20 del sábado 17 de enero de 2015 y las 10 del domingo 18 de enero de 2015, según consta en el fallo judicial. Y sostuvo que se valió de su vínculo con Nisman, que “no era una simple conexión laboral y/o funcional”, para hacer ingresar a la que sería la escena del crimen, un “arma ‘amiga’ que permitiera posteriormente una simulación de un suicidio”.
Ercolini también dictó el procesamiento a los custodios de Nisman, Rubén Fabián Benítez, Néstor Oscar Durán, Luis Ismael Miño y Armando Niz. A Benítez, Miño y Niz, los procesó como coautores del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y de “encubrimiento agravado” por “tratarse de un hecho precedente a un delito grave”. A todos ellos les trabó embargos de $ 500 mil y les prohibió salir del país.
En tanto que a Durán lo embargó por 50 mil pesos y lo procesó sólo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Lo cierto es que el caso Nisman, quien investigaba el atentado de 1994 contra la AMIA y fue hallado sin vida con un tiro en la cabeza en enero de 2015 días después de realizar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a los iraníes, dio un giro después de que la Gendarmería nacional presentara en septiembre un informe que estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron al fiscal en su casa. Esta conclusión a la que arribó una junta de especialistas policiales y peritos aleja, según la Justicia, la teoría del suicidio.
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