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Datos como el nombre del Intendente de la Ciudad Julio Garro y su profesión o el detalle de las partidas presupuestarias de cada área, o la formación de los funcionarios, no están expresados de forma oficial y le ponen trabas a la voluntad de transparentar la gestión
Un informe, elaborado por el Centro de Estudios para la Gobernanza, señala que en La Plata, a nivel estatal, no se cumple con los estándares de difusión de datos necesarios para contribuir a que los platenses gocen del Derecho a la Información previsto en pactos internacionales. Según detallan los profesionales que componen el cuerpo de estudio, a nivel institucional, hay muchos datos inexistentes que, pese a que son conocidos públicamente o no, deberían estar expresados en sus páginas web de forma oficial a fin de demostrar la voluntad de transparentar la gestión.
Carencias como el nombre del Intendente de la Ciudad, Julio Garro y la fecha de ingreso al cargo de la Jefa de Gabinete, Natalia Vallejos y el decreto que la nombró, son la punta del iceberg de toda una serie de datos formales que no están alcance de la mano de los ciudadanos. Desde el presupuesto destinado a cada área, pasando por la cantidad de empleados y su formación hasta la relación comercial con proveedores, son todos detalles a los que no se puede acceder con facilidad, según consigna el informe “La Plata en Diagonal”.
Partiendo de la premisa de que todos los platenses deben tener un fácil acceso a la información porque es un derecho que tiene raigambre internacional, el Centro de estudios para la Gobernanza denuncia que a nivel municipal los vecinos carecen de una gran cantidad de datos y recomiendan que deberían tener un mayor grado de disponibilidad para “propiciar mecanismos de rendición de cuentas que pongan a disposición pública las acciones, procedimientos y toda información vinculada a la cosa pública”.
Postulan que la forma más efectiva de dar cumpimiento a este derecho es a través de los medios digitales, específicamente páginas web de carácter institucional que, según señalan los investigadores, deberían contener la información sobre todos los actos de gobierno y decisiones que se adoptan tanto a nivel ejecutivo, como legislativo y judicial de la Ciudad.
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Señalan al respecto que si bien en dependencias del Estado se puede acceder a la información publicada en forma de papel, la misma resulta prácticamente inútil para los fines que se plantean ya que estiman que para acceder a libros o boletines oficiales, el ciudadano debe hacer un esfuerzo por encima de lo considerable que implica largas esperas, hacer filas o trasladarse hasta la oficina pública. Esto último se traduce en que los datos brindados de forma escrita dejan de cumplir con el principio de fácil accesibilidad.
El estudio que se realizó fue practicado en los tres poderes del ámbito local y permitió fundamentar las conclusiones de esta investigación que a grandes rasgos sostiene que en La Plata no se está cumpliendo con la difusión efectiva de la información que requieren los ciudadanos para cumplir con su rol de contralor.
Las muestras que se tomaron en el portal del Municipio y del Concejo, ya que el del Tribunal de Faltas no existe, demostraron que información como los datos académicos de los concejales y de los funcionarios municipales de todos los rangos o la distribución del presupuesto, no están especificados con el alto grado de detalle que demanda la ciudadanía.
Según la hipótesis de este Centro de Estudios, esta omisión de datos vulnera el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de contar con un real acceso a la información que les permita tomar decisiones o realizar algún tipo de reclamo específico con un fundamento normativo. Incluso aseguran que esta carencia puede comprometer la vida de los ciudadanos.
El organismo exige que se lleve adelante una transformación que permita generar una estrategia de información que le dé la posibilidad al Municipio de comunicar y recibir datos de los vecinos para abordar distintas problemáticas como la violencia de género, la pobreza o las fallas en la infraestructura. El objetivo final es transparentar la gestión del Gobierno y tener un parámetro sobre cuáles son los resultados que ha alcanzado la gestión en base a los objetivos que se planteó.
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