En 20 meses, Asuntos Internos ya apartó de la Policía a más de seis mil efectivos

La Policía de la Provincia de Buenos Aires cuenta en la actualidad con una dotación de casi 100.000 efectivos, pero desde diciembre de 2015, por distintas faltas administrativas, algunas de ellas consideradas graves, el 6 por ciento del total del personal fue desplazado de la fuerza.

La estadística oficial, a la que este diario tuvo acceso, refleja que, al 31 de agosto de este año, la Auditoría de Asuntos Internos dio inicio a 15.446 sumarios, por los que 6.164 agentes terminaron apartados de sus funciones.

Dentro de ese universo de causas, hubo además 1.427 uniformados que cumplieron sanciones suspensivas y, hoy ya se encuentran reincorporados al servicio, y 482 que directamente están detenidos.

En lo que respecta a los números de nuestra región, los policías desplazados son 575, entre expulsados y desafectados, a los que se suman 150 suspendidos.

Respecto de las causas que motivaron su expulsión, los voceros consultados por EL DIA dijeron que “la mitad está vinculada a actos de corrupción”.

“La Policía se siente controlada por Asuntos Internos. Nosotros mostramos una lógica de acompañamiento a la gestión de la Gobernadora, que es la lucha contra la corrupción interna”

“Estamos saturados, colapsados. Pasa que todo el tiempo estamos recibiendo denuncias. Y cada papel que llega moviliza una instrucción, personal y tiempo”

“Me estoy acostumbrado a la custodia. Hay que adaptarse y seguir para adelante”

De hecho, señalaron que “por enriquecimiento ilícito iniciamos 300 expedientes, que abarcan a unos 900 efectivos, de los cuales, 80, ya están denunciados en la Justicia”.

Las mismas fuentes detallaron que “de esos 80, hay 9 que estarían implicados en lavado de activos. Después falta definir la situación de los que no presentaron sus declaraciones juradas, ni ante la Escribanía General de Gobierno, ni en Asuntos Internos, y los demás episodios de manejo irregular de fondos públicos, que son la mayoría”.

El resto se completa con imputaciones por violencia de género y los demás delitos del decreto reglamentario 1050/09, reglamentario de la Ley de Policía Nº 13.892.

DATOS COMPARATIVOS

Repasando datos históricos, durante la Gobernación de Felipe Solá, entre el 2004 y 2006, fueron desplazados de la Policía bonaerense más de dos mil efectivos, casi la misma cantidad que en ocho años de gestión de Daniel Scioli al frente del Ejecutivo provincial (hasta 2014).

De esta manera, durante los primeros 20 meses de la administración de María Eugenia Vidal, el control sobre la fuerza de seguridad muestra un crecimiento sustancial, ya que los 6.164 policías que apartaron de la fuerza se contraponen con los poco más de cuatro mil en diez años de gobiernos peronistas.

“La Policía se siente controlada por Asuntos Internos”, aseguró Guillermo Berra, titular de ese organismo, en una nota que le concedió a este medio.

“Nosotros mostramos una lógica de acompañamiento a la gestión de la Gobernadora, que es la lucha contra la corrupción interna”, agregó.

Berra, demás está decirlo, se mostró convencido de la actividad que está llevando adelante, pese a las dificultades que aparecieron en el camino, entre ellas varias amenazas de muerte hacia su persona y su círculo íntimo (ver aparte).

Sólo en lo que hace a La Plata, Asuntos Internos -el 1º de abril de 2016- se metió en el corazón de la Departamental local, donde encontró 36 sobres numerados con 153.700 pesos, que se presume corresponden a la recaudación ilegal de la fuerza, por juego clandestino, prostitución y custodias, entre otras actividades ilícitas, e impulsó la detención de nueve altos jefes policiales, ocho de los cuales están por enfrentar desde prisión un juicio oral y público, ya que el restante murió en la cárcel.

Después, en mayo de este año, el jefe del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) La Plata y, tres oficiales de esa dependencia, comenzaron a ser investigados en el marco de una denuncia por irregularidades en la carga de nafta, compra de ruedas y el cobro de horas extras.

Se trata del jefe del GAD de La Plata, subcomisario Walter Maldonado, y otros tres oficiales de la fuerza, quienes fueron desplazados preventivamente de sus cargos.

La decisión se tomó luego de un allanamiento en la sede del grupo especial de la fuerza, ubicada en las calles 157 y 510 de la localidad de Melchor Romero, y un taller mecánico de Los Hornos, donde secuestraron registros de cargas de combustibles, arreglos mecánicos y recambio de cubiertas de autos fuera de servicio, que avalarían la denuncia.

Por último, el martes pasado, desplazó a otros siete funcionarios, algunos de ellos de alta jerarquía, como el propio titular de la comisaría más importante de la Ciudad y, una de las más pesadas de toda la Provincia, por los volúmenes de dinero que maneja, por ejemplo en Horas Polad, con 100 millones de pesos mensuales.

Como se sabe, dentro de esa jurisdicción, que abarca una gran cantidad de edificios públicos, entidades bancarias, grandes comercios y hasta sedes de varias empresas, existen 40 servicios adicionales, de los cuales hay 24 que todavía no se encuentran completamente bancarizados, es decir, los efectivos que cubren las horas, en vez de cobrarlas con su sueldo y por cajero automático, tienen que hacer cola en la seccional, como cuando van a la cancha.

El sistema, en esas condiciones, se presta para la sospecha, porque si bien los contratantes hacen el depósito en una cuenta de la dependencia, el administrador, uno de los que tiene firma habilitante para hacerlo -junto con el comisario-, es el que retira los fondos, los lleva a su oficina y esperan que lleguen los agentes para proceder a pagarles.

Cómo lo hacen, es lo que genera las dudas, porque el órgano de control secuestró distintas planillas con firmas que serían apócrifas; nombres o DNI de personas que no existirían y legajos que no pertenecerían a la Policía.

Después estarían los tan temidos retornos, ya que habría efectivos que declararon haber recibido una menor cantidad de dinero de la que figura en esa documentación, hoy en poder de los investigadores y que forma parte de la prueba judicial que podría ser usada en contra de quienes acaban de ser apartados de sus funciones.

Si bien, en off, los implicados dicen que la plata “es blanca” y que “está para pagar a los que todavía no cobraron”, su situación, al menos por estas horas, aparece como muy complicada.

“Están suspendidos y percibirán la mitad de su salario”, expresó un informante, que aclaró: “Por más de que la plata que se encontró en la caja fuerte de la primera alcance para pagarle a los 67 agentes que no cobraron las Horas Polad, las irregularidades en el asiento contable son claras y alcanzan para la sanción interna. Después le toca hablar a la Justicia”, concluyó en referencia al expediente que ahora llevará adelante el fiscal Marcelo Martini, junto al juez de garantías, Guillermo Atencio.

EL HOMBRE DETRÁS DEL CARGO

Nombre: Guillermo Berra
Edad: 49 años
Profesión: Abogado
Cargo: Auditor General de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires
Ciudad de Nac.: Morón
Club de Fútbol: Ferro