No son suficientes los avances contra la violencia en el fútbol

La continuidad en estas jornadas de la llamada Superliga -el principal torneo de fútbol del país- vuelve a dejar en claro, como ha venido ocurriendo, lamentablemente, en años anteriores, que son muy pocos los avances alcanzados para enfrentar el flagelo de la violencia, que se ha enseñoreado en este deporte, incentivada por una protección y una impunidad inexplicables.

Sin embargo, no debe dejar de reconocerse que en numerosos tribunales judiciales del país, como nunca antes, avanzan causas pendientes que investigan distintos delitos cometidos por los barrabravas y otras personas ligadas al fútbol, de cuya resolución podrían surgir, antes que las eventuales condenas particulares, rumbos institucionales y otras conclusiones positivas para el desarrollo del fútbol.

Se habla en primer término, desde luego, de la violencia desatada en el fútbol por grupos de barrabravas que han sembrado muertos y heridos en los estadios, a partir de la ilimitada irracionalidad con la que actúan, azuzada por los intereses económicos que persiguen y que los ha hecho, inclusive, enfrentarse entre ellos mismos, para dirimir supremacías y lograr así el manejo de cajas tan millonarias como ilegítimas.

A partir de allí, como en cascada, se enhebra una serie sucesiva de delitos que incluyen enfrentamientos armados; ataques y amenazas a dirigentes, árbitros y jugadores; lavado de ingentes sumas de dinero obtenidas del fútbol a partir de prebendas ofrecidas por dirigentes sin escrúpulos; falsificaciones de entradas; manejos mafiosos de espacios y locales relacionados a los espectáculos, entre otras modalidades delictivas.

Lo cierto es que el Estado vino reaccionando de manera errática en los primeros tiempos, intentando luego estructurar acciones que apuntaron a ser más abarcativas del problema como la sanción de la llamada Ley De la Rúa o la más reciente creación del denominado Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión en Espectáculos Deportivos, que derivó en la aplicación de algunos controles efectivos en los ingresos a las canchas.

Otra medida, polémica desde su puesta en vigencia, fue la prohibición de asistencia a los partidos de las hinchadas visitantes. Lo cierto es que le medida alcanzó pocas repercusiones positivas y ahora, según se anunció desde la AFA, los visitantes podrán volver a los partidos de la Superliga tras el Mundial de Rusia 2018, después de cinco años de no poder ingresar a los estadios por cuestiones de seguridad.

LE PUEDE INTERESAR

Paritarias, el desafío que planteará febrero

LE PUEDE INTERESAR

La familia chimpancé viajó a Brasil

Se ha dicho en forma insistente desde esta columna que, inexplicablemente, persisten también sin tocar las varias e insólitas prerrogativas que suelen acompañar a los grupos de barrabrava y, también, a muchos dirigentes, no pocos de ellos, inclusive, plagados de antecedentes penales. Lo que corresponde enfatizar que el terrible flagelo de la violencia en el fútbol de nuestro país se mantiene vigente. Asistir a los estadios hoy con las familias constituye poco menos que una temeridad, cuando en un pasado no muy distante se había ido consolidando la posibilidad de acudir a las canchas, sin tener que afrontar tantos riesgos como en los últimos tiempos.

El diagnóstico surge evidente e indiscutible: el Estado ha permitido que las mafias se hagan cargo de buena parte del deporte más popular del país. ¿Es ilusorio confiar en que, alguna vez, las autoridades se decidan a erradicar esta lacra que lastima al más popular de los deportes?