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Traslado de los amotinados
Siete presos de la comisaría tercera de Merlo se amotinaron durante más de diez horas dentro de la seccional, donde hirieron a otro recluso y le exigieron dinero a su padre, a la vez que denunciaron una superpoblación en las celdas y reclamaron mejoras en las condiciones de alojamiento.
Tras negociar con efectivos del Grupo Halcón, los líderes del motín se entregaron para luego ser trasladados a otra unidades carcelarias, lo que permitió que fuera rescatado el preso herido, quien sufrió golpes y contusiones.
La revuelta comenzó pasadas las 23 del jueves en la seccional situada en José de San Martín 2993, de Parque San Martín, partido de Merlo, donde había alojados 28 presos en tres celdas que tienen capacidad para 20 en total, confirmaron fuentes policiales.
Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial reconocieron la superpoblación de presos en las comisarías y admitieron que en total existen más de 3.000 detenidos distribuidos en las seccionales de todo el territorio provincial cuando en realidad hay poco más de 1000 camas.
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que esa comisaría debía clausurar los calabozos desde agosto pasado por una orden judicial, pero que esa medida nunca se efectivizó, lo que fue desmentido por fuentes policiales, quienes aseguraron que no existe ninguna medida del Ministerio de Seguridad bonaerense ni decisión judicial en ese sentido.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir la pesquisa, los disturbios comenzaron con una pelea entre presos cuando un grupo se opuso al alojamiento en esa dependencia de un detenido que aparentemente le había robado el celular a un familiar de otro alojado allí. El preso recién llegado fue atacado a golpes y atado a la puerta de uno de los calabozos. Luego, lo obligaron a llamar a su padre para que llevara al lugar dos mil pesos como condición para parar el ataque. Tras recibir las llamadas, el padre del detenido radicó una denuncia en la subcomisaría de Matera, en la que aseguró que había recibido al menos diez llamadas de su hijo, en las que le dijo: “Pa, tenés que conseguir dos mil pesos acá para la ranchada de los pibes”.
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Según fuentes policiales, cuando él respondió que no tenía ese dinero, un preso agarró el teléfono y le dijo: “Yo se quién es usted, tiene un local comercial, repara motores y vende caños, consiga la plata ya, porque está en juego la vida de su hijo”.
La denuncia dio inicio a la intervención de la fiscal 4 de Morón, Valeria Courtade, quien ordenó al Grupo Halcón de la Policía bonaerense iniciar una negociación con los amotinados y procurar su entrega.
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