Un inquietante manto de sospecha que abraza a la política

La instrucción judicial está abierta y por ahora se sostiene en presunciones y un puñado de denuncias a investigar. Pero la existencia de una detenida basta para despertar la necesidad de la puesta blanco sobre negro de tantas acusaciones in voce. Lo que ocurre: salen a la superficie relatos de beneficiarios de planes sociales y cooperativistas de nuestra ciudad que afirman que punteros de organizaciones sociales los extorsionan y se quedan con parte del dinero que les destina el Estado.

Desde el miércoles Felipa Orellana Arñez, oriunda de Altos de San Lorenzo, miembro de la agrupación social John William Cooke y coordinadora municipal hasta el año pasado, está alojada en la comisaría primera, en el marco de una causa por la que cuatro cooperativistas que prestan servicios de trabajo en el espacio público para la Comuna denunciaron que en 2016 fueron extorsionados por la mujer para quedarse con una parte de sus salarios de 4.800 pesos.

CASOS REITERADOS

Como este caso, otras dos mujeres fueron detenidas en Moreno con una acusación similar, pero en La Plata la incipiente recopilación de testimonios del director de la ONG “La Plata Solidaria” presume la existencia de múltiples casos que en la zona sur de la Ciudad estarían ocurriendo como una práctica subrepticia casi institucionalizada. Con estos elementos, Pablo Pérez le envió una carta al intendente, Julio Garro, solicitándole la inmediata revisión de todos los planes sociales y cupos de cooperativistas y mañana será recibido por funcionarios para analizar el tema.

“Una Ong platense denunció en la Comuna que habría organizaciones sociales que se quedan con parte de lo que cobran beneficiarios de planes”

Desde su asunción el Intendente prometió transparentar el sistema del trabajo de las cooperativas denunciando la existencia de mecanismos viciados y recientemente se comenzó a incluir a estos trabajadores en un sistema de bancarización personal. Sin embargo, los indicios mencionados sugieren que estas medidas no parecen evitar la utilización de los sectores más desprotegidos por parte de la política. “No es una práctica nueva”, señalan en los ámbitos judiciales que estudian estas denuncias.

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Sin embargo, por ahora, todo queda en un inquietante manto de sospechas sobre la forma de la administración de estas organizaciones que, como debe ser, al momento gozan de la presunción de inocencia. De comprobarse, el esquema de asistencia a los más pobres en la Ciudad se vería teñido de escándalo.

Sólo para cooperativas que se ocupan del espacio público, la Comuna gasta anualmente unos 450 millones de pesos. Según el municipio, estos trabajadores son unos 5.000 y perciben en promedio unos 6.500 pesos, aunque el caso de los que menos ganan es de $4.800.

PUNTEROS, EN LA MIRA

En su presentación a la Intendencia, Pérez afirma haber reunido los suficientes testimonios que le permiten inferir que “punteros” a cargo de la administración de estos beneficios estatales para personas con necesidades “les hacen dejar a los beneficiarios un porcentaje del plan para la organización” y reclama una urgente investigación. La sola acusación es preocupante.

Orellana Arñez se había negado en reiteradas ocasiones a ponerse a disposición de la justicia, detenida desde el miércoles, aún no declaró.

En otro orden, la ministra se Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó ayer La Plata para participar del timbreo que llevó adelante la alianza Cambiemos. La funcionaria nacional se mostró con Garro e insistió en que La Plata es un claro ejemplo de lucha del gobierno nacional y provincial contra las mafias al mencionar los casos de los sindicalistas Marcelo Balcedo y Juan Pablo “Pata” Medina y el de la banda del comisario, que tiene entre sus detenidos al ex juez César Melazo.