Tras el Presupuesto, el foco vuelve estar puesto sobre la situación social y el Conurbano

Para María Eugenia Vidal el primer desafío de diciembre quedó superado. Ya tiene en el bolsillo el Presupuesto 2019 en un trámite legislativo que encontró menos complejidades de las previstas. Apeló a los previsibles acuerdos con el grupo de intendentes dialoguistas del PJ y con Sergio Massa, transformados desde hace tres años en caminos apacibles para que transite la gobernabilidad.

La Gobernadora estaría cerca de coronar otra cuestión no menos importante: el acuerdo con la Nación para compensar parte de los fondos que deberá poner sobre la mesa para afrontar la transferencia de subsidios a la luz y al transporte. No serían los 19 mil millones que el gobierno bonaerense calculó en su momento por la actualización del Fondo del Conurbano. Se habla de unos 15 mil millones que llegarían a la Provincia con un formato aún a definir.

Claro que esas buenas nuevas están cruzadas por inquietudes. La cuestión social, en especial en el caliente Conurbano, es mirada con atención suprema. En el gobierno bonaerense creen que no existen motivos que empujen hacia un escenario de desmanes y saqueos a pesar de la crisis económica. Vidal ha ordenado intensificar la ayuda social a través de organizaciones e iglesias y por estas horas se cristalizará el refuerzo de esos programas de contención. Tampoco se ve en la Provincia que la política esté contribuyendo a crear un clima de inestabilidad. “No le conviene a nadie”, dicen en el Ejecutivo para aventar especulaciones sobre el comportamiento de algunos intendentes peronistas.

La mirada está posada sobre sectores más bien marginales que escapan al control territorial de los alcaldes y que en las últimas semanas fogonearon usurpaciones en algunas comunas del Conurbano.

Vidal viene trabajando en forma articulada con la Iglesia Católica en la cuestión social. Ayuda su buena sintonía con el Papa y con los curas que conviven con las enormes necesidades de los barrios más pobres. Pero esa relación se ha vuelto bien oscilante en los últimos tiempos.

Incomodó en el gobierno bonaerense el comunicado de la Conferencia Episcopal que censuró el proyecto oficial de regularizar y hacer pagar impuestos al juego on line. “Cada casa puede ser un casino”, disparó el organismo, al acusar al gobierno de Cambiemos de legalizar esas apuestas. La cuestión genera una fuerte controversia, como todo lo que tiene vinculación con el dinero que se mueve con ellas. En la Provincia aseguran que, al contrario de lo que se planteó, el juego no ha crecido en territorio bonaerense. “Cerramos dos casinos y tres bingos”, argumentan.

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No sorprende la posición de la Iglesia respecto del juego. Vidal, por caso, se alineó con sus reclamos cuando dispuso no habilitar un mega bingo en Puente La Noria en el arranque de su gestión y que estaba listo para inaugurarse. Lo que generó ruido en la Gobernación fue que el duro pronunciamiento de la Conferencia Episcopal viera la luz 48 horas después de una reunión entre legisladores del kirchnerismo -que venían criticando la iniciativa oficial- con monseñor Jorge Lugones, uno de los obispos más críticos de las políticas de Cambiemos.

La premisa de un diciembre lo menos caliente posible encontró al gobierno provincial frente a un escenario casi inimaginable hasta hace un puñado de día: el acuerdo salarial que logró sellar con los empleados del Astillero Río Santiago. Para la administración Vidal se trata de una victoria política por dos cuestiones básicas. La primera, porque desactiva una fuente recurrente de conflictos callejeros y, además, porque la disputa en la planta naviera había sido tomada como estandarte de batalla por el kirchnerismo y sectores de izquierda. El cierre salarial, que incluye además todo 2019, al menos despeja en parte ese escenario de tensión.

“En la Provincia cayeron mal las críticas de la Iglesia a la gobernadora Vidal por la legalización y el cobro de impuestos al juego on line”

La otra lectura del acuerdo en el Astillero salpica las costas de una confrontación gremial que la Provincia no ha logrado aplacar: la que tiene que ver con los maestros. El gobierno de Cambiemos ha pactado con los gremios estatales, con otros sectores minoritarios de la administración y está cerca de cerrar con los médicos de los hospitales públicos. Además de los judiciales, sólo le quedaría abierto para el año que viene el conflicto con el Frente de Unidad Gremial Docente al que busca aislar.

La Provincia se prepara, no obstante, para una pelea ardua. Lo admiten los funcionarios, muchos de ellos convencidos de que la sombra del no inicio de las clases allá por marzo, es mucho más que una amenaza. El año electoral también puede meter la cola.

En la administración de Vidal están buscando pertrechos para la batalla. Hurgaron aquí y allá y creen haber encontrado algún resquicio en el viejo y controvertido tema de las licencias gremiales sin control. Algunos confidentes contaron en las últimas horas que está bajo examen el permiso que ostenta una de las tres cabezas del Frente Gremial.

Antes, cerca de la Gobernadora creen que podrán capitalizar un verano que estiman exitoso. La apuesta oficial será fuerte en una temporada en la que se prevé un flujo turístico mayor por la devaluación que desalienta los viajes al exterior. Vidal quiere aprovechar para mostrar su gestión en la Costa e ir preparando el terreno electoral.

Espera, para cuando termine la etapa fuerte de la temporada, que la economía comience a dar señales un poco más halagüeñas. Que la recesión que ha impactado con dureza deje algún resquicio para el entusiasmo oficial.

Luego llegará marzo y el conflicto docente. Acaso coincida con otra cuestión de fuerte peso institucional que la Gobernadora tendrá que resolver para entonces: si adelanta las elecciones y se desprende del cronograma electoral nacional.

Entre la dirigencia de Cambiemos comienza a ganar adeptos esa posibilidad. Les dio aire la cruda realidad de los números que arrojan las encuestas y que muestran al presidente Mauricio Macri varios puntos por debajo de Vidal en territorio bonaerense. También apuntaló la idea el hecho de que el propio gobierno bonaerense, lejos de salir a cruzar de plano esa alternativa, le dio un poco más de aire al salir a afirmar que la fecha de elecciones se definirá en marzo.

A fines de febrero puede que surja alguna pista. Para entonces tendrá que expedirse la comisión bicameral creada a partir del acuerdo Vidal-Massa para aprobar el Presupuesto, que se encargará de emitir un dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto que impulsa el Frente Renovador que busca autorizar a los intendentes a convocar a elecciones en fecha distinta a la de gobernador.

En Casa de Gobierno dicen que, hoy por hoy, la decisión es no desmalezar el camino para que la idea de descalzar los comicios en las comunas prospere. Massa insiste porque analiza que los intendentes que le responden tendrían más chances de reelegir sin sufrir el efecto arrastre de las candidaturas nacionales y provinciales. En Cambiemos, por ahora, no quieren. El calendario electoral, mientras tanto, parece atado más que nunca a los designios de la economía.