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Opinión |PANORAMA NACIONAL

El gobierno no da señales de buscar una tregua con Moyano

Por el contrario, serán ampliadas las denuncias judiciales contra el jefe camionero. Los sindicatos, a su vez, se alistan para una confrontación de alto voltaje

El gobierno no da señales de buscar una tregua con Moyano
4 de Febrero de 2018 | 03:34
Edición impresa

Por MARIANO SPEZZAPRIA
@mnspezzapria

El Gobierno no piensa ceder ni un tramo en la batalla pública que viene manteniendo con los sindicatos, especialmente con Hugo Moyano. Si bien el discurso oficial sostiene que el jefe de los camioneros debe responder las acusaciones ante la Justicia, en los hechos se sucederán en los próximos días acciones tendientes a desalentar la marcha convocada para el 22 de febrero.

Una de esas acciones estará a cargo de la diputada nacional Graciela Ocaña, quien avanzará con una ampliación de sus denuncias contra Moyano, que datan de 2009 y 2011. La legisladora de Cambiemos hará la presentación el martes ante el juez federal Claudio Bonadio, en lo que será una señal concreta de que el oficialismo no abona ninguna tregua con el jerarca sindical.

El magistrado y también Ocaña -por cuya actividad Moyano se quejó en una carta dirigida al presidente Mauricio Macri- pusieron hace rato la mirada en las presuntas maniobras de desvío de fondos entre la obra social de Camioneros y varias empresas satelitales vinculadas a la familia Moyano.

La información, muy sensible, fluye ahora sin trabas desde organismos como la UIF.

Moyano fue aliado de Macri hasta el año pasado, no sólo en el terreno político-sindical sino también en el fútbol. La asunción de Claudio “Chiqui” Tapia, cuñado de Moyano, al frente de la AFA contó con la bendición presidencial. Y dirigentes macristas como Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, integraron la comisión directiva de Independiente que lidera Moyano.

“Para Triaca el golpe fue muy duro en los político y en lo personal. El decreto antinepotismo dejó sin trabajo a su esposa y a sus dos hermanas”

En ese cuerpo acaba de presentar la renuncia el tesorero Fabio Alvarez, en forma sugestiva para los que conocen el ambiente futbolero. Mientras que el secretario general del club, “Yoyo” Maldonado, dispone de tanta confianza de Moyano que es quien negocia con el Gobierno el futuro de la empresa de correos OCA que, dicho sea de paso, Moyano no reconoce como propia.

“EFECTO TRIACA”

Tantas ramificaciones en el emporio sindical suponen una fuerte dosis de poder, que los gremios utilizan en medio de confrontaciones de estas características. Ya lo padeció en carne propia el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con la filtración del audio en que se lo escuchaba insultando a una empleada doméstica. En la mira están además otros dirigentes de la alianza Cambiemos.

Por caso, la senadora Gladys González, que en su momento fue la interventora del gremio SOMU y tras el desplazo de la conducción de Omar “Caballo” Suárez. Ahora trascendió que sindicalistas habrían puesto la lupa sobre la contratación de empresas por parte de Acumar, el organismo encargado de la limpieza del Riachuelo, cuando estuvo bajo la conducción de González, entre 2016 y 2017.

Para Triaca el golpe fue muy duro, no sólo en lo personal sino también en lo político, puesto que Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, decidieron salir de la encerrona para adelante, con el decreto “anti-nepotismo” que prohibe la contratación en el Estado de familiares directos de los ministros. La tajante medida dejó sin trabajo a la mujer de Triaca y también a sus dos hermanas.

Por si eso fuera poco en el Gabinete no se respira por estos días el mejor clima político puesto que el “efecto Triaca” afectó a otros funcionarios de primer nivel.

“Elisa Carrió acaba de volver de sus vacaciones en Europa y en el oficialismo parlamentario aguardan que se pronuncie sobre el mega decreto firmado por Macri en enero”

En el fondo de la cuestión estaría la necesidad del Gobierno de mejorar sus índices de aprobación de gestión y la imagen presidencial, que, según algunas consultoras, vienen en caída desde noviembre pasado.

La tendencia se mantuvo en enero a nivel nacional –aunque a un ritmo menor- pero sigue siendo marcada aquí en la provincia de Buenos Aires.

El Presidente tendría en territorio bonaerense seis puntos porcentuales menos que en enero, el mismo nivel de caída de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien sin embargo conserva una imagen positiva del 47%.

VUELVE CARRIÓ

El impacto negativo de iniciativas oficiales como la reforma previsional y los aumentos tarifarios –en los últimos días se materializó el del transporte público- son parte de la explicación sobre la baja en la ponderación de las principales figuras de Cambiemos, incluso sobre quienes no integran formalmente el Gobierno, como la diputada Elisa Carrió, que no repara en marcar sus disidencias.

“Lilita” acaba de regresar de sus vacaciones en Europa y en el oficialismo parlamentario aguardan una definición sobre el “mega-decreto” que firmó el Presidente en enero y que desde el martes será discutido en el Congreso.

Allí, el DNU será rechazado por los bloques opositores y genera ruidos en algunos sectores de Cambiemos, por lo que la postura de Carrió será determinante.

Por eso, en la Casa Rosada prepararon un informe para enviárselo a Carrió con los argumentos de la llamada “desburocratización del Estado”, que incluye cambios los ministerios, el Banco Central y la ANSES, entre otros organismos. Aunque es posible que la oposición se una en este caso y fuerce al Gobierno a enviar al Congreso varios proyectos de ley para reemplazar el “mega-decreto”.

La medida fue adoptada durante el receso parlamentario, luego de que el Gobierno frenara -con buen tino- la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar, entre otros asuntos, la reforma laboral. El país venía de afrontar un diciembre extremadamente tenso, con escenas de violencia en torno al Congreso, y no estaban dadas las condiciones para comenzar a discutir otra reforma.

La evaluación que hizo entonces el Gobierno es que ese hubiera sido el escenario pretendido por el kirchnerismo y la izquierda para sostener la agitación política que habían iniciado en diciembre.

Ese esquema se mantuvo hasta que la Justicia le apretó los zapatos a Moyano y de que éste pergeñara la marcha del 22 de febrero, el mismo día del sexto aniversario de la tragedia de Once.

“Los gremios aprietan el acelerador por las paritarias. Los bancarios van el paro el viernes y los estatales de ATE el 15 de este mes”

DISCURSO OFICIAL

“Si creen que se puede condicionar a la Justicia con poner mucha gente en la calle, se equivocaron en la lectura de la realidad de una Argentina que cambió”, advirtió el jefe de Gabinete Peña en una entrevista publicada ayer por el diario La Nación. Anticipó así el discurso oficial frente a la próxima manifestación opositora: el Gobierno la calificará como una reacción corporativa del sindicalismo.

Y le agregará otro condimento dialéctico: la reacción será en defensa de un dirigente que no quiere ir a prisión como otros sindicalistas –Medina, Suárez, Balcedo- antes que por demandas genuinas de los trabajadores. Aún así, los gremios ya juntan masa crítica contra la reforma laboral, que podría llegar en grageas al Congreso tras la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Tal como anticipó EL DIA, el Gobierno planea dividir la reforma en varios capítulos: los tres primeros serían el blanqueo de empleados en negro, el regreso de las pasantías laborales y la regulación del sistema de salud vinculado a las obras sociales sindicales. En este contexto, en la Casa Rosada todavía no se animan a entrar en el capítulo de las indemnizaciones por despido.

Los gremios, a su vez, aprietan el acelerador por las paritarias: los bancarios van al paro el próximo viernes, los estatales de ATE el 15 de febrero por los despidos en el INTI, la mina de Río Turbio y el hospital Posadas. Mientras que los docentes insistirán con la reinstauración de la paritaria nacional, una demanda que los llevaría directo al conflicto porque el Gobierno no la convocará.

En el imaginario de algunos sectores que apoyan al Gobierno, el escenario que se configura por estos días es de corte desestabilizador. Por eso agitan en las redes sociales un llamado a marchar en defensa de la democracia el sábado 17 de febrero. Por ahora, en la Casa Rosada se muestran reticentes ante esa convocatoria. Prefieren, en cambio, esperar a ver qué sucede con Moyano.

En cualquier caso, las próximas semanas serán de un alto voltaje político, sindical y judicial.

 

 

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