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Que la voracidad recaudatoria de las fotomultas no se imponga al fin preventivo

8 de Febrero de 2018 | 03:39
Edición impresa

Por JOSÉ ARTEAGA
Ex concejal Frente Renovador

Nuestra ciudad tiene el triste y preocupante privilegio de estar en el primer lugar entre las urbes del país con la mayor tasa de muertes en accidentes de tránsito en relación a su población. Con este panorama se impone un urgente tratamiento integral del problema.

Todos estamos de acuerdo en que el principal cambio debe ser cultural: mayor responsabilidad al conducir es primordial para circular seguro. Pero no podemos seguir aceptando un sistema donde cada vez hay más muertes, es momento de trabajar sobre las cuestiones de fondo y no solamente actuar sobre un aspecto de la seguridad vial.

Tiene que ser el Estado quien tome la iniciativa de ejecutar una serie de medidas en el marco de un plan integral de Tránsito, Estacionamiento y Transporte que en el corto y mediano plazo mejoren la circulación vehicular, por ejemplo: un eficiente servicio de transporte público, mejorar la infraestructura en las calles, señalización, un control permanente y dinámico de los inspectores en diferentes puntos de la ciudad, controles de alcoholemia los fines de semana (periódicos), un centro de monitoreo que en tiempo real informe sobre las alteraciones en la vía pública mediante una aplicación tecnológica y campañas permanentes de educación vial, entre otras.

Es bienvenida la aplicación de tecnología en políticas públicas y, especialmente, en materia de seguridad, transporte y tránsito. Estas herramientas deben servir para prevenir, ordenar y mejorar la circulación en las diferentes arterias de la ciudad.

“Estas herramientas deben servir para prevenir, ordenar y mejorar la circulación en diferentes arterias de la ciudad”

La instalación de radares y cámaras para fotomultas son sólo una herramienta y no la solución a la problemática.

Para la aplicación de este tipo de mecanismos se debe informar a la comunidad, indicar su ubicación con una clara señalización y cumplir con los requisitos legales que determinan las leyes nacionales y provinciales, a los efectos de que no se transforme sólo en una medida con fines recaudatorios para incrementar los ingresos de las arcas públicas .

La última instancia debería ser la sanción pecuniaria, primero tendría que haber un apercibimiento al infractor. Sí, en cambio, se debe aplicar el rigor de la sanción a quienes reinciden en la transgresión.

La multa es una de las formas que tiene el Estado para lograr un efecto disuasorio sobre la infracción. Pero el principal rol debería ser el de crear conciencia y educar para lograr una conducción segura y garantizar una equilibrada convivencia de la seguridad vial.

España en una década logró reducir en casi un 80% la cantidad de víctimas fatales por accidentes. En cambio, en nuestro país y especialmente en la región, no hemos logrado que esta cifra descienda.

Hoy en la ciudad hay un auto cada 1,8 habitantes y esto nos exige un mayor control y planificación en el transporte público y particular.

Como informara días atrás este medio, en La Plata los Juzgados locales realizan alrededor de ocho mil actas de infracción por mes, la mayoría de ellas relacionadas a incumplimiento de las normas de tránsito. Todo ese flujo de dinero, sumado a lo que se recauda por estacionamiento medido, deberían ser una alternativa para financiar medidas que ayuden a mejorar el tránsito y poner en marcha un ambicioso plan de educación vial, como lo venimos proponiendo desde hace un tiempo.

Es incomensurable el dolor y el sufrimiento que provoca en los amigos y familiares la pérdida irreparable de una víctima fatal o alguien que queda con secuelas de por vida. Ante esto todos tenemos que comprometernos para luchar contra este flagelo pero especialmente el Estado, por medio de sus autoridades, debe asumir su responsabilidad con acciones concretas para evitar que siga aumentando el número de heridos y muertes.

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