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El Gobierno de Estados Unidos interpuso hoy una demanda contra California por un conjunto de leyes migratorias que desafían a las políticas de la Casa Blanca, en el más grave enfrentamiento entre el Ejecutivo de Donald Trump y el estado más poblado del país.
En la demanda, el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, pidió a un juez federal que bloquee tres leyes aprobadas en California en los últimos meses que restringen la colaboración de las policías locales con las autoridades migratorias.
El Gobierno federal considera que esas tres leyes californianas (llamadas "santuario") "reflejan un esfuerzo deliberado de California para obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración en Estados Unidos" al impedir que los agentes de Migración hagan su trabajo y deporten a inmigrantes indocumentados con antecedentes.
La demanda supone la mayor ofensiva hasta la fecha del Gobierno de Trump contra California, un estado que por su dimensión y por su hegemonía demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en inmigración.
La demanda en cuestión podría terminar siendo el caso testigo del papel que tendrán las administraciones locales y estatales en la política de inmigración.
El control de la inmigración es una competencia federal y la policía que persigue a los indocumentados depende de Washington, pero en un país con cerca de 11 millones de indocumentados la capacidad de los agentes federales está limitada, por lo que el Gobierno de Trump necesita de la colaboración de las policías locales y estatales.
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