La Justicia, en su peor momento

El sistema judicial argentino está en crisis. Desde los tribunales ordinarios, hasta los que investigan megacausas de corrupción, todos están bajo la lupa de la sociedad, que no confía en el desempeño de los jueces. Las encuestas reflejan que la ciudadanía le otorga más crédito a otras instituciones también cuestionadas, como las fuerzas de seguridad y los partidos políticos.

Un sondeo reciente de Taquion, la consultora que dirige Sergio Doval, detectó que sólo el 1,8 por ciento de los consultados le cree a los magistrados. Ese sensación colectiva se basa en dos elementos conocidos: la sospecha de que los jueces no van a fondo cuando se trata de personas o grupos con poder; y la lentitud de los procesos, que se asocia directamente a la “injusticia”.

Al presentar esta semana la reforma judicial para su tratamiento en la Legislatura, la gobernadora María Eugenia Vidal se refirió a un caso emblemático, el del cura Julio César Grassi, quien fue condenado por abuso sexual infantil y corrupción de menores. Sin embargo, los pliegues del sistema le dieron la oportunidad de “preguntar siete veces si era inocente”, advirtió.

La utilización abusiva de la vía recursiva es uno de los instrumentos que provocan más frustración entre las víctimas o los familiares que peregrinan por los tribunales y deben aprender a lidiar con jueces, fiscales y abogados. “El ciudadano de a pie no sabe derecho, pero es el que muere por las balas de los delincuentes y las lapiceras de los jueces”, afirma Usina de Justicia.

Se trata de una de las tres asociaciones que convocaron a la marcha del jueves sobre el Palacio de Justicia porteño, sede la Corte Suprema, la cabeza del Poder Judicial. Allí también se puso de manifiesto que la sociedad tiene una mirada crítica sobre el desempeño de los jueces en las causas por corrupción. Sobre todo, los cuestionamientos se apuntan hacia Comodoro Py.

En esos tribunales federales se sustancian las causas más resonantes del país. Pero la tasa de efectividad en este tipo de procesos es muy baja. De hecho, una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura sobre expedientes que se desarrollaron entre 1996 y 2016, determinó que el 88% de las denuncias no llegaron a juicio y los acusados ni siquiera fueron imputados.

LE PUEDE INTERESAR

Elon Musk desafía a los mercados

LE PUEDE INTERESAR

Deterioro y deficiencias en escuelas públicas de la Provincia

Un sondeo reciente detectó que sólo el 1,8 por ciento de los consultados cree en los magistrados argentinos”

Las idas y vueltas en algunas causas que tienen la atención pública, como el cambio de carátula y la liberación del empresario kirchnerista Cristóbal López, son parte de la explicación del descrédito del Poder Judicial. También el accionar de magistrados que avanzaron con detenciones de ex funcionarios que generaron expectativas, pero que luego no se sostienen jurídicamente.

En medio de esta situación, el Gobierno procura una ampliación de los juzgados federales, en concreto su duplicación, para acelerar los procesos por corrupción y que no se dependa de un pequeño grupo de magistrados y fiscales para este tipo de causas. Aunque para conseguir ese objetivo, debe negociar con el PJ afincado desde siempre como un poder fáctico en el Senado.

El presidente del Colegio de Abogados porteño, Guillermo Lipera, precisó que –por caso- el juez federal Claudio Bonadío tiene unos mil expedientes abiertos, lo que le imposibilita abocarse a las causas más importantes, como hacen en Brasil jueces como Sergio Moro, el magistrado que se puso a la cabeza del Lava Jato y que acaba de concretar la detención del ex presidente Lula da Silva.

En la Argentina, en cambio, el ex presidente Carlos Menem sigue en libertad pese a que fue condenado por su responsabilidad en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, gracias a los fueros parlamentarios de los que goza. Tampoco contribuye a mejorar el cuadro, el ruido político que provoca la pelea entre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la diputada Elisa Carrió.

Pero aún así se encadenaron pedidos de detención para Eduardo Fellner -ex gobernador de Jujuy, del PJ-, Roberto Baratta -ex mano derecha de Julio de Vido, del FpV- y Aida Ayala -ex intendenta de Resistencia, de Cambiemos-, lo que dio cuenta de que la Justicia puede investigar presuntos hechos de corrupción sin diferenciar las procedencias partidarias de los imputados. No obstante, la impresión más extendida en la sociedad es que la Justicia está en su peor momento.