La toma de El Retiro crece y en el barrio, angustiados, piden que la Justicia actúe

Todo sigue igual. Todo sigue igual de mal, e incluso empeora un poco cada día, para los vecinos de El Retiro que conviven desde hace dos semanas con la mega usurpación que se registra en los terrenos fiscales de 155 y 52, que hasta hace unos años eran depósito de automotores involucrados en causas judiciales. Miedo, incertidumbre y desánimo campean en el otrora tranquilo paraje suburbano del sudoeste platense, del que algunos ya piensan mudarse. Y como corolario, la demora de la Justicia por expedirse y la sensación de los vecinos que repiten: “Justicia lenta, no es justicia...”

“La vida del barrio está totalmente patas para arriba” resumió ayer una vecina de la zona que en los últimos días sólo sale de su casa “de día y cuando no queda otra”, según explica: “esto va de mal en peor; en el predio tomado están quemando cosas todo el tiempo -leña, pastizales, basura-, desmontando, los fines de semana no se puede respirar”.

“Eso no es todo” aclaró la vecina, que no quiso que se conociera su nombre por temor a sufrir represalias “como ya le pasó a quienes se quejaron o discutieron con esta gente, o por el hecho de marcar territorio solamente; acaban de atacar a pedradas a una vecina que llegaba en remisse, por ejemplo”.

La enorme usurpación que avanza entre la avenida 155, las proyecciones de las calles 49 y 158, y el antiguo trazado del Ferrocarril Provincial al Meridiano V -sobre el eje de avenida 52- se inició el primer día de agosto, con la irrupción de unos cincuenta hombres a fuerza de machete.

Ahora ya son centenares, hay mujeres y niños, levantaron casillas de machimbre y chapa, y dividieron prolijamente sus lotes con postes, sogas y redes o tejidos de alambre. Quienes viven en la zona afirman que la toma se extiende hacia el brazo del arroyo Pérez que pasa a la altura de 158 y 49, y ya tiene en la mira el parque que rodea al Centro Integrador Comunitario de El Retiro, una dependencia con funciones sociales y sanitarias.

“Sabemos que hay gente del barrio con algunas vinculaciones políticas que fogoneó la toma y ahora está vendiendo lotes de veinte por sesenta y otras medidas más chicas, entre los veinte y los treinta mil pesos, todo trucho” señaló Pedro, un antiguo residente del lugar: “el resto del tiempo los ‘capangas’ toman alcohol, se pelean a los gritos o sacan las facas para mostrar poder y amenazarse entre ellos. Y la custodia policial, cuando está, es simbólica”.

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Por tratarse de tierras fiscales de dominio comunal, el municipio se presentó ante la Justicia en carácter de damnificado por los acontecimientos, y pidió la restitución del predio. La denuncia, formulada por funcionarios locales del área de Seguridad y Justicia, se tramita en la Fiscalía Nº8.

“Estamos trabajando intensamente, todos los días en horario judicial, para intentar que el expediente avance” aclaró ayer Fernando Padovan, titular de Seguridad local: “venimos de presentar un oficio denunciando la venta fraudulenta de terrenos, por ejemplo. Pero la instrucción de la causa tiene sus plazos, y todo depende de los tiempos de la Justicia”.

Las parcelas fiscales situadas en la triple frontera entre las delegaciones de Lisandro Olmos, Los Hornos y San Carlos, arrastran una complicada historia de cesiones y promesas.

Un par de años atrás, los campos albergaban centenares de esqueletos de autos, motos y camionetas, apilados, oxidados y en proceso de putrefacción, además de roedores, mosquitos y otras alimañas. Originalmente pertenecieron a una ancha franja rural administrada por el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, pero en 2008 pasaron de la órbita provincial a manos locales: por la Ordenanza 10.490, el municipio aceptó “las tierras donadas por la Provincia de Buenos Aires, entre las calles 46 a 52 y de 155 a 156”, para afectarlas “al Programa Federal de Viviendas”.

En 2015, tras la compactación y el traslado de los coches depositados durante años por la Fiscalía, y luego abandonados, el intendente Pablo Bruera anunció la creación en el lugar del “Parque del Oeste”. Pero enseguida suscribió un convenio con la seccional platense de la UOCRA por el que cedió sin cargo buena parte del predio para erigir viviendas para afiliados al sindicato. La actual administración municipal considera “las tierras deben ser para viviendas federales sin condicionamientos ni exclusividades para un sector”.