Por una deuda con prestadores suspenden tratamientos de diálisis de un programa federal

Los prestadores de tratamientos de diálisis con convenio para la atención de pacientes del programa federal Incluir Salud dejarán de brindar el servicio a partir de este sábado, según adelantaron desde la cámara que los nuclea. Y es que hace más de un año que el Estado nacional le debe al sector unos $250 millones. Frente a la posibilidad de que enfermos renales de todo el país se queden sin esa prestación intervino la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que le exigió a las autoridades a cargo del plan sanitario que “se garantice el acceso a la salud”.

Incluir Salud reemplazó el programa PROFE, una alternativa sanitaria para las madres de siete o más hijos, personas con alguna discapacidad, adultos mayores de 70 años que cobran las pensiones no contributiva y aquellos sectores socialmente vulnerables que no cuentan con cobertura médica.

De acuerdo a lo que se remarcó desde la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), la deuda por prestaciones no cobradas afectaría a nivel país a 200 centros de salud privados y la medida de fuerza de esa cámara implicaría la suspensión del tratamiento para unos 1.500 pacientes.

Ante el riesgo de que se corte el servicio a semejante número de personas con insuficiencia renal crónica, el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la Provincia, Marcelo Honores, instruyó a la secretaria de Salud del organismo, Marcia Lázaro, para que requiera “toda la información necesaria” a las autoridades bonaerenses de Incluir Salud, con el fin de “garantizar el acceso a la salud” de todos los habitantes de la Provincia, con cobertura de este programa financiado por Nación, que necesitan diálisis.

El programa incluye a pacientes sin cobertura médica ni ingresos suficientes para el tratamiento

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Según planteó la CADRA a través de un comunicado, la entidad le pidió “una solución inmediata, para evitar consecuencias no deseadas” al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND), Santiago Ibarzábal y al responsable de Incluir Salud, Pablo Atchabahian.

El presidente de la CADRA, Darío Zapata, aseguró que “el desfinanciamiento que hoy sufren los centros de diálisis del país, se debe, entre otros motivos a la insuficiencia del valor del módulo, el desfase de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones”.

Incluir Salud a partir de este año pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“DESDE ABRIL DEL AÑO PASADO”

En el caso de la diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los centros privados los pacientes sin cobertura médica ni ingresos suficientes como para afrontar los gastos de tratamientos y les paga a los prestadores por los servicios (las sesiones más el traslado). “En la práctica, el Gobierno nacional no paga desde abril del año pasado”, concluyeron desde CADRA.

Varias de instituciones que realizan prestaciones de diálisis consignaron su preocupación por el atraso en el pago de los servicios ya hace tiempo a las autoridades de la salud pública de distintas provincias del país.