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La caída de buena parte de la mampostería del techo de una oficina de Tribunales sobre el sitio que hasta pocos segundos antes era ocupado por una empleada, en un incidente que tuvo lugar en una dependencia que actúa como mesa de entradas del Juzgado Civil y Comercial 23 de La Plata, donde se desempeñan tres personas que atienden a decenas de abogados y particulares que se acercan a tramitar expedientes, reavivó la necesidad de que los organismos públicos con incumbencia en el tema se ocupen, en forma cotidiana, de verificar el mejor estado y el mantenimiento de los edificios públicos.
Se trata ésa de una premisa que interesa por la seguridad y el confort que se le debe a todas las personas, sean empleadas o que formen parte del público que asiste a los mostradores estatales. Se habla, por consiguiente, de una obligación primordial de toda gestión que, sin embargo, muchas veces deja de cumplirse.
Tal como se informó en este caso, cuando transcurría la media mañana de una jornada hábil, una de las empleadas del juzgado percibió un ruido inusual en el techo de la dependencia en la que trabaja y procedió a levantarse de su silla y dar algunos pasos para alejarse, segundos antes de que buena parte de la yesería del cielorraso, así como sus soportes estructurales y accesorios, incluyendo una pesada luminaria, cayera sobre su escritorio. Afortunadamente, el episodio no dejó el saldo de heridos ni lesionados.
Al día siguiente se informó que como consecuencia del desprendimiento de material fue clausurada la mesa de entrada, pero el resto del juzgado sigue por el momento habilitado para el desarrollo de sus actividades habituales. Por su parte, desde el sector gremial de Tribunales se informó que el año pasado había sido detectada una grieta en el cielorraso del sector afectado, comunicándole esa situación, al menos dos veces, al organismo responsable del estado edilicio de los edificios judiciales.
En lo concerniente a los edificios del gobierno provincial o municipal de nuestra ciudad se ha puesto de relieve la necesidad de que se analicen a fondo los problemas que suelen plantear, en especial si se confronta su antigüedad con el uso intensivo que se hace de ellos. Inclusive, con visión de futuro, los especialistas señalan que deben ponderarse también las dificultades urbanísticas que se plantean a partir de una tan elevada concentración de sedes administrativas en el microcentro platense.
Sea como sea, es fundamental también que cada administración preste el mayor de los cuidados al patrimonio arquitectónico y edilicio que depende de ellas. No sólo en este caso, sino para la totalidad de las sedes públicas, especialmente de aquellas existentes en la Ciudad que -como la del Palacio de Tribunales- vienen del tiempo de la fundación. Se habla de edificios extremadamente valiosos, que demandan un mantenimiento efectivo y continuado.
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Este reclamo no sólo apunta a contemplar las situaciones de real incomodidad que atraviesan quienes van a esos edificios a realizar trámites o, asimismo, las que enfrentan en forma cotidiana los que desarrollan tareas en esas dependencias, sino que, también, se está hablando de bienes rodeados de connotaciones históricas y edilicias de mucha valía, que en modo alguno pueden ser descuidados.
La Plata dispone, en sus edificios gubernamentales, de un patrimonio edilicio que es orgullo de sus habitantes. Velar para que sea conservados como corresponde es una obligación de todos, aunque las administraciones provincial y municipal tienen en esta materia un rol determinante e indelegable.
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