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Por MARIANO SPEZZAPRIA
mspezzapria@gmail.com
El Tribunal Oral Federal número 4 emitió ayer un fallo sustancioso, no sólo porque mandó a la cárcel a un ex vicepresidente de la Nación por primera vez en la historia, sino porque entre sus determinaciones se perciben tres mensajes muy nítidos de orden institucional, en tiempos en los que al Poder Judicial se le presenta una oportunidad de combatir efectivamente a la corrupción.
Los tres mensajes del fallo fueron: 1 – Las penas para Amado Boudou, José María Núñez Carmona y el empresario Nicolás Ciccone son de cumplimiento inmediato. Los dos primeros pasaron la noche en la cárcel. 2 – No sólo fueron condenados los ex funcionarios, sino también un hombre de negocios. 3 – Alejandro Vanderbroele tuvo una pena atenuada porque colaboró con la Justicia.
Al desglosar esos tres aspectos relevantes de la sentencia firmada por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, surgen las cuestiones operativas. Por caso, los magistrados fijaron una prisión preventiva para Boudou, Núñez Carmona y Ciccone –dueño original de la imprenta- por entender que aún podrían obstaculizar el curso de la investigación.
“Alejandro Vanderbroele tuvo una pena atenuada porque colaboró con la Justicia”
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¿Por qué motivos? Debido a que se encuentra en pleno proceso una causa paralela en la que está puesta la lupa sobre el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray y otro grupo de empresarios. Los jueces buscaron preservar a los testigos de esa investigación, ante la posibilidad de que los condenados pudieran presionarlos. Priorizaron eso al derecho a la apelación bajo libertad.
Hasta el momento, la mayoría de los condenados por los tribunales orales podían aguardar en libertad la confirmación o revisión de las sentencias por la Cámara de Casación Penal. Un ejemplo de ello se verifica en el caso de la tragedia de Once, que ya cuenta con ex funcionarios y empresarios condenados pero que aún no están en prisión porque apelaron las sentencias.
El encarcelamiento inmediato de Boudou envía entonces un primer mensaje a los dirigentes políticos acusados por hechos de corrupción. Por estos días están bajo sospecha quienes formaron parte de la mesa chica del Ministerio de Planificación en los tres gobiernos kirchneristas, señalados por haber montado un mecanismo de recaudación ilegal relatados en la causa de los cuadernos.
El segundo mensaje del fallo dado a conocer por el Tribunal Oral Federal número cuatro en los tribunales de Comodoro Py, es que los empresarios implicados en hechos de defraudación al erario público pueden ir a la cárcel. De hecho, Nicolás Ciccone recibió una pena de cuatro años y medio de prisión, pero en su caso la cumplirá en su domicilio sólo por ser mayor a los 75 años.
Entre este segundo mensaje del fallo y el tercero –que fue el beneficio otorgado a Vanderbroele por haberse acogido a la figura del arrepentido en una causa paralela a Ciccone- están las claves para encuadrar la actitud que los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno están adoptando ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
El magistrado y el fiscal siguen una conducta similar: apresan a aquellos que niegan acusaciones y dejan en libertad a los que aportan información. Claro que éstos últimos se presentan como víctimas de extorsión con argumentos discutibles, porque los contratistas del Estado no pueden ser aportantes de campaña, según establece la ley de financiamiento de los partidos políticos.
Entonces, la confesión o colaboración –como hizo Vanderbroele en Ciccone- debería ser tomada como un atenuante pero no como una eximición de la responsabilidad de quienes pagaron coimas a funcionarios del Poder Ejecutivo. De la misma forma podría considerarse la posibilidad de que también un dirigente político se “arrepienta”, pero esto no ha sucedido hasta el momento.
En el plano político, más allá de las implicancias jurídicas, queda un cuarto mensaje que deja la nueva detención de Boudou: el kirchnerismo lo abandonó a su propia suerte, que no viene siendo buena, lo mismo que había hecho el menemismo con María Julia Alsogaray. El hilo invisible entre ambos casos es trillado pero no por ello deja de ser un hecho político: los dos eran de la Ucedé.
Al parecer, los extrapartidarios no son defendidos de la misma manera que los dirigentes del PJ. Aunque desde que Cristina Kirchner le soltó la mano a Julio de Vido –cuando levantó al bloque del FpV de la sesión de la Cámara de Diputados que le quitó los fueros y posibilitó su detención- parecen haberse trastocado esos códigos. Y ahora la que sufre por ello es la propia ex presidenta.
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