Proponen hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por menores

Mientras la oposición y el oficialismo toman posición sobre la propuesta del Gobierno de bajar a 15 años -actualmente es de 16- la edad de imputabilidad de los menores, ayer se conoció un borrador del proyecto que prepara el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Además de bajar la edad de responsabilidad penal de los menores, la iniciativa crea tribunales especializados para definir los procesos penales y establece el control de la pena para adolescentes entre los 15 y los 18, a partir de un programa de capacitación para el Poder Judicial.

“La privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable y por el plazo más breve posible”, reza el proyecto y afirma que “la finalidad principal del sistema penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social” y que “se tendrá en cuenta el interés superior del adolescente” en todo el proceso.

En el artículo 2, expone que a aquellos menores que cuenten con 15 años sólo se les aplicará el régimen cuando cometieren “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Esto incluye delitos como homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.

El artículo 50 del proyecto, establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión que se le podrá imponer a adolescentes y remarca que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.

Además el juez podrá imponer al menor, por un plazo máximo de tres años, lo que el artículo 29 define como “Sanciones socioeducativas”: por ejemplo, asistencia a programas de formación ciudadana, capacitación laboral, cultural y deportiva, o cumplir con un tratamiento médico o psicológico.

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El proyecto prevé que los adolescentes condenados a prisión, la cumplan en dependencias “habilitadas y acondicionadas para tal fin, que estarán bajo dirección de personal civil”, lo que indica que se excluirá al Servicio Penitenciario de esa función. No podrán ser confinados en lugares donde se desempeñen fuerzas de seguridad o haya mayores detenidos.

“El fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los 10 años de prisión”, indica el artículo 15 sobre el “criterio de oportunidad” para que se descarten casos. Sin embargo, si se cerrara, se le deberá dar información a la víctima sobre los motivos que lo fundamentan.

El borrador del proyecto establece además que el proceso podrá caducar por prescripción, pero también por “acuerdos de mediación” o “suspensión a prueba”. Prescribirá a los 5 años, o a los 2 en casos de que sean excarcelables, o si se dispone la incorporación a “programas comunitarios”. La víctima deberá consentir que el adolescente acceda a un proceso de “mediación penal” antes de que se dicte sentencia

A favor y en contra

El diputado nacional, Daniel Lipovetzky, aseguró ayer que el proyecto de ley que el Gobierno nacional enviará al Congreso para establecer un régimen penal juvenil “no sólo propone bajar la edad de imputabilidad sino regular todo lo atinente a la atención y seguimiento del Estado de un menor que está siendo juzgado por la comisión de un delito”.

“La discusión va más allá de la edad de imputabilidad”, destacó el legislador platense.

En tanto el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos aires, Walter Martello, anticipó ayer su rechazo al proyecto por considerar que sería “una medida regresiva, violatoria de los derechos humanos e ineficaz” en materia de política criminal.