Chile: confirman 18 muertos y siguen las marchas en rechazo a la represión estatal

El "perdón" que pidió anoche a sus compatriotas el presidente de Chile, Sebastián Piñera, no bastó para sofocar una rebelión popular que hoy se expresó con masivas protestas en distintas ciudades del país, una huelga general, saqueos y nuevas batallas callejeras entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En el sexto día la revuelta, se multiplicaron las denuncias por supuestas torturas, detenciones ilegales, disparos contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos por parte de las fuerzas de represión, las cuales forzaron al gobierno a prometer investigaciones y "consecuencias" para los responsables de esos actos contrarios a la ley.

Ni el estado de excepción, ni los protocolos previstos para situaciones de emergencia ni los toques de queda evitaron la multiplicación de manifestaciones de protesta en Santiago y en otras ciudades.

En muchas de ellas volvieron a verse las repetidas escenas de personas corriendo en medio de las nubes de humo que se forman tras los disparos de las granadas de gas lacrimógeno o entre chorros de agua lanzados desde tanquetas, todo en medio de ciudades completamente militarizadas.

Una de esas escaramuzas fue reportada en cercanías del Palacio de la Moneda, donde las fuerzas usaron gases para dispersar la manifestación, mientras en otras plazas de Santiago miles de personas se agrupaban en diferentes expresiones de protesta, al igual que en Viña del Mar, Concepción y Valparaíso.

En Viña del Mar, un agente de seguridad exhibió una bandera de Chile en medio de la multitud, en aparente señal amistosa, y otros jugaron con una pelota con los manifestantes, en lo que parecieron extrañas escenas en medio de tanta violencia y extrema represión.

En muchas de estas protestas se oyeron reclamos de renuncia para Piñera, una posición que hasta esta tarde no había sido avalada institucionalmente por ningún partido político de la oposición.

El Partido Comunista, sin embargo, informó que se preparaba para presentar una "acusación constitucional" contra el jefe del Estado y el ministro del Interior, Andrés Chadwick. A este último también le exige la dimisión el Frente Amplio.

Chadwick, incluso, afrontó una muy tensa sesión cuando le tocó dar un informe en el Congreso, donde hubo griteríos, insultos y algunos empujones.

Según La Tercera, el ministro entregó al Congreso un informe elaborado sobre la base de datos reunidos por Carabineros, en el que se advirtió que desde el inicio de las protestas hubo en Chile 1.073 "eventos graves" de violencia, entre saqueos, incendios y destrozos.

“Hemos enfrentado una situación de violencia y acción vandálica como yo no tengo recuerdo de haber vivido en estos últimos años; realmente vandálica, donde no ha habido límite alguno para causar gravísimo daño a las personas, a su seguridad”, dijo.

Santiago y otras ciudades se preparaban para entrar esta noche en nuevos toques de queda impuestos por las autoridades para evitar nuevos disturbios, mientras en la Moneda Piñera analizaba los detalles de las medidas que anunció anoche para mejorar la situación social.

Entre ellas figuran bajas en los precios de los medicamentos, aumentos de 20% en los haberes previsionales, la creación de un salario mínimo, la anulación de un incremento de las tarifas de la luz y suba de impuestos para los de mayores ganancias.

En su discurso televisado de anoche, Piñera pidió "perdón" por no haberse anticipado a la crisis social, pero optó por mantener la militarización, en contra de la demanda mayoritaria de la sociedad chilena.

Desde el inicio del estallido social, 18 personas murieron, la mayoría de ellas atrapadas en incendios aparentemente declarados durante saqueos a tiendas o supermercados, pero otras cinco a causa de la acción represiva de agentes del Estado.

Piñera recibió hoy a Sergio Micco, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que en las últimas horas había denunciado falta de transparencia en la difusión de cifras oficiales sobre personas muertas, heridas o detenidas en el curso del estallido social.

Ese instituto, autónomo pero con financiamiento de fondos públicos, reportó hasta esta tarde 376 heridos (173 de bala) y 2.138 detenidos, casi 250 de ellos niños o adolescentes.

"La acción policial y militar ha ido in crescendo" en los últimos días, "lo cual se refleja en los números de detenidos, heridos y muertos", dijo Micco.

Frente a las denuncias, el ministro chileno de Justicia, Hernán Larraín, ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a esta situación y advirtió que "todos los que tengan responsabilidades deberán sufrir las consecuencias si se constatan acciones delictivas".

“Nos duele profundamente constatar la existencia de personas que han fallecido o han recibido lesiones graves; nuestro compromiso con la democracia es irrenunciable y es inseparable del respeto y protección de los derechos humanos y el funcionamiento del estado de derecho”, añadió.

El Gobierno confirmó 18 víctimas fatales

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó esta mañana la muerte de tres personas en las últimas 24 horas, dos de ellas en un atropello en San Pedro de la Paz (600 kilómetros al sur de Santiago) y la tercera en la capitalina comuna de Maipú a causa de de una golpiza realizada por carabineros, por lo que el número total de muertes desde que comenzaron las protestas ascienden a 18.

Sobre este último fallecimiento, Ubilla señaló que “hay dos situaciones judiciales vigentes, la denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humano sobre este hecho y también la investigación del Ministerio Público abierta como una causa penal”, mientras que sobre los fallecidos en San Pedro de la Paz, el subsecretario dijo que "esto es lamentable en términos del involucramiento de un niño de cuatro años y un adulto”.

Según el funcionario, en el día de ayer hubo 169 hechos de de violencia grave, 979 detenidos por actos de violencia y 538 por el toque de queda.

Con respecto a las marchas, según los datos oficiales se registraron 54 en las que participaron 220 mil personas.

Al ser consultado por las denuncias de detenciones ilegales y torturas que fueron realizadas por organizaciones sociales, Ubilla expresó que "el gobierno lógicamente que condena todo lo que esté apartado de la ley”, y remarcó que se están investigando las denuncias y se espera que se esclarezcan los casos para poder tomar medidas.

LE PUEDE INTERESAR

La OEA considera que Bolivia debe convocar a una segunda vuelta

LE PUEDE INTERESAR

Chile: atropelló una marcha y mató a dos personas, entre ellas un nene de 4 años