No hay justificativo que avale hacer justicia por mano propia

Distintos relevamientos realizados en nuestro país en los últimos tiempos dan cuenta de que son cada vez más las personas que se resisten al accionar de los delincuentes, pero que además deciden atacar a los ladrones buscando así hacer justicia por mano propia, llegándose a veces, cuando el intento de robo ya había sido conjurado, al extremo de matarlos o de herirlos gravemente. En ocasiones, ni siquiera se trata de las víctimas directas del delito, sino de vecinos que deciden impulsar ese tipo de represalias.

Lo cierto es que la ola delictiva que enfrenta la ciudad y muchos de los centros más poblados de la provincia de Buenos Aires y de otros distritos del país, en donde la delincuencia no cesa de actuar y de originar la aparición, aquí y allá, de numerosos casos violentos, origina un sentimiento de indefensión y de impotencia en la población y que, ello, sin dudas, constituye un fenómeno negativo que debe ser enfrentado y resuelto con eficacia por los organismos del Estado.

Los datos colectados en zonas del Gran Buenos Aires y otros centros poblados vienen demostrando el crecimiento en el seno de la sociedad de casos de justicia por mano propia, en los que las víctimas de delitos, sus familiares o vecinos reaccionan contra los delincuentes con extrema violencia, castigándolos con dureza y, en algunos episodios ya registrados, quemándoles sus viviendas e, inclusive, quitándoles la vida. Hace pocas horas, un grupo de vecinos platenses decidió quemar un “aguantadero” a partir del rapto de una menor, ya que la chica había estado cautiva en esa casilla durante tres días y fue abusada por un joven, que huyó del lugar que, afortunadamente, se encontraba deshabitado.

Por aberrante o grave que resulte ser un delito, estas respuestas resultan ser preocupantes evidencias acerca del grado de irracionalidad y extravío al que pueden llegar algunas personas, en una situación que, a la vez, reclama de las autoridades la más pronta aplicación de castigos a los responsables de esos ataques. No se habla, por cierto, de episodios en los que pudo haber obrado la legítima defensa, como atenuante perfectamente definido en el Código Penal, sino de situaciones que exceden esos límites y que, por consiguiente, deben ser prevenidas y, llegado el caso, sancionadas por el Estado.

Se ha dicho siempre en esta columna que la seguridad es un servicio que el Estado debe brindar en forma indelegable y dentro de los marcos legales. Así también, que la Policía debe ser una fuerza profesional capacitada para prevenir y proceder frente a la actividad delictiva. Lo que corresponde, entonces, es que se busque perfeccionar su desempeño, de modo que la población se sienta debidamente protegida. Esto no impide advertir, una vez más, que la inseguridad no es un problema exclusivo de la Policía, sino que le concierne al conjunto de los poderes públicos.

Está claro que no existe justificación alguna que autorice semejantes actitudes y lo que debe evitarse a todo trance es que algunos desorbitados intenten apelar a la fórmula de la justicia por mano propia. En cuanto a la sociedad, como se ha dicho, ha demostrado con creces en estos años su voluntad de participar y comprometerse en el tema de la seguridad. Pero suponer que, a partir de allí, cualquier habitante se encuentra autorizado para golpear, herir o matar a los presuntos delincuentes, esto es, para perpetrar un linchamiento, constituye una ilicitud penada por la ley. Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes.

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