Agresiones a docentes no tienen justificación y deben ser sancionadas

Las agresiones físicas sufridas en estos días por un profesor por parte de un alumno y de su madre, a raíz de la baja nota con que lo había calificado, deben ser analizadas por las autoridades y también por el conjunto de la sociedad en el contexto de una creciente violencia desatada en los últimos años contra los docentes provinciales. Importa, por lo pronto, poner de relieve la preocupante habitualidad con que se presentan estos episodios, reveladores de un fenómeno negativo que debería ser erradicado de la vida escolar.

Como ha ocurrido también en otros hechos similares, la agresión se registró en pleno horario de clase. En esas instancias, el profesor recibió un golpe de puño en su rostro, entre otros tipos de agresiones. El violento episodio desembocó en que al colegio llegará personal policial para asistir al docente agredido. En el lugar, escucharon a la víctima de la agresión y se labraron las actuaciones correspondientes para elevarlas a una Unidad Fiscal de Investigación en turno de nuestra ciudad.

Cabe recordar que, frente a una situación parecida ocurrida hace dos años en Tigre las autoridades educativas exigieron que se aplicara la pena de arresto para quienes agredan a docentes, prevista en una última reforma del Código de Faltas. En el mismo sentido se expresaron entonces la comisión de Educación del Senado provincial y la municipalidad tigrense, a la vez que esta última, además, concretó una presentación ante la justicia penal.

Corresponde señalar que la reforma sancionada, incluida en el artículo 74 bis de la ley provincial 14.898, establece que los padres de los alumnos que agredan a docentes pueden ser pasibles de una pena de hasta 30 días, pudiéndose ampliar hasta 60 días si el hecho se realiza en presencia de los estudiantes.

Como se ha dicho, importa menos precisar los detalles que desembocan en este tipo de episodios que cuestionar, a todo trance, agresiones de esta naturaleza que resultan injustificables bajo cualquier punto de vista y que constituyen, además, un agravio a la tarea docente. Cabría señalar que hace seis años, representantes de la Federación de Educadores Bonaerenses informaban que en la Provincia se estaba recibiendo casi una denuncia de agresiones por día.

En ese contexto, desde luego que no ha pasado al olvido el caso del director de un colegio seriamente herido hace siete años, a raíz del ataque recibido por parte de un alumno de tercer año del secundario y de la madre del joven. La situación alcanzó tal gravedad que derivó en la intervención de la Justicia penal y en un paro de actividades en repudio a la agresión, en una medida dispuesta por el sector docente y que afectó al conjunto del sistema educativo bonaerense.

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Nuestra sociedad no puede permitir, en modo alguno, que no se valore y respete en forma absoluta a los docentes y, mucho menos, que sean víctimas eventuales de ataques físicos o amenazas. De allí que resulte imperativo que se apliquen las penas previstas a los infractores, que tendrán también un claro sentido ejemplificador.

Sin perjuicio de que se apliquen las sanciones penales y disciplinarias que puedan caber, ya se ha dicho en forma reiterada que el problema reviste una extraordinaria complejidad y exige, además de los diagnósticos que puedan servir como puntos de partida, la adopción de una verdadera política de Estado que se ocupe de enfrentar los desafíos de educación. Ello, sin dejar de ofrecer la apoyatura y el respaldo imprescindibles a los docentes, para que el sistema educativo vuelva ser lo que fue durante tantas décadas en nuestro país: un ámbito de excelencia formativa de los estudiantes.