La Justicia otorgó hoy la excarcelación a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, en la causa de la firma Oil, en la que están acusados de desviar para otras compañías el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles por una suma que originalmente fue de 8.000 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.

Pero pese al beneficio ambos seguirán detenidos por el caso de los "cuadernos de las coimas", que investiga pago de sobornos para acceso a la obra pública.

El pedido lo habían realizado ante el Tribunal Oral Federal 3, que lleva adelante el juicio que busca confirmar la responsabilidad de López en la maniobra, y también de su socio De Sousa, bajo la anuencia del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, que también está siendo juzgado, pero en libertad.

Por este juicio, López y De Sousa permanecen detenidos desde diciembre de 2017 y si bien la decisión de liberarlo o no corresponde al tribunal, primero deberá esperar la opinión del Ministerio Público Fiscal.

Como principal argumento, los abogados de López, Fabián Lertora y Juan Pablo de Feo, mencionaron que la jueza María Eugenia Capuchetti sobreseyó a su defendido pocos días atrás, y también a De Sousa, por la presunta venta apócrifa del Grupo Indalo.

“La tramitación de la causa anteriormente mencionada (venta falsa del grupo) ha demostrado, como veremos, que nunca ocurrió el suceso en el que se basó la supuesta existencia de riesgo procesal y, por ello, no hay peligros procesales que justifiquen el encarcelamiento preventivo", señalaron los letrados.

En función de esta medida procesal, Lertora y de Feo, recordaron que “tanto en la resolución del Juzgado Federal de Instrucción como en la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, se tomo aquél hecho como factor objetivo determinante del riesgo procesal y, en base a ello, se resolvió ordenar la prisión preventiva de nuestro defendido”.

Aún si los encausados lograran una decisión favorable, sigue vigente sobre ambos la presión preventiva ordenada por el juez federal Claudio Bonadio por dos causas vinculadas al episodio conocido como "los cuadernos de la corrupción K", por lavado de dinero y cartelización de la obra pública.