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Estudiantes boicotearon el test de admisión a unidades académicas públicas y privadas. Consideran que es un examen segregacionista
Rubén Figueroa
Chile
EFE
La rebelión de los estudiantes chilenos la semana pasada contra la prueba de ingreso a las universidades públicas y privadas intensificó la crítica al modelo educativo del país, una de las bases del estallido social.
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Mediante el boicot, la filtración de exámenes y la ocupación de algunos de los centros en los que se llevó a cabo el lunes y martes pasados la llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU), la movilización estudiantil provocó que la instancia fuera parcialmente suspendida, volviendo a poner el foco de las protestas en la educación.
El llamado a la revuelta contra la PSU partió de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), que considera que esta prueba segrega a los alumnos en función del poder adquisitivo de sus familias y perpetúa un modelo educativo “mercantilizado”.
La directora del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Lorena López, explicó que en todas las PSU de los años anteriores los resultados obtenidos por los estudiantes estuvieron directamente relacionados con su posición social.
De esta manera, la PSU estaría favoreciendo que solo ingresen a la universidad los estudiantes de un nivel socioeconómico alto cuyas familias pueden pagar escuelas secundarias privadas de calidad o que viven en barrios acomodados o pudientes donde las escuelas públicas tienen más recursos y pueden formar mejor a los jóvenes.
“Si uno observa cuáles son los mejores rendimientos de las pruebas, estos siempre se dieron en (estudiantes que provenían de) colegios de alto nivel socioeconómico. Ahí es donde empieza a instalarse la segregación”, argumentó López.
Por eso, la movilización de los estudiantes secundarios no es solo por un cambio en la PSU en sí, sino contra el sistema educativo del país.
“Hay que mejorar la calidad de la educación pública de tal manera que las escuelas sean ese espacio en el que las diferencias sociales comienzan a disminuir”, defendió López.
La portavoz de Aces Aye Salgado subrayó la idea de que el problema de fondo es la educación, “que en Chile no es vista como un derecho sino como un privilegio”, indicó.
“Hay educación para ricos y educación para pobres y eso se ve reflejado en la PSU. Cuando las personas tienen acceso a una educación (secundaria) de mejor calidad pueden entrar con más facilidad a la educación superior, algo que no pasa con otros colegios sin recursos”, apuntó Salgado.
La representante de Aces señaló que es necesario un cambio radical en el modelo educativo creando un nuevo sistema con participación de profesores y estudiantes y avanzar hacia un sistema de acceso a la universidad que permita que “todo alumno secundario que quiera entrar a la educación superior pueda hacerlo”.
La PSU comenzó a realizarse en 2003 y consta de cuatro exámenes que se hacen en dos jornadas: Lenguaje y Comunicación; Matemáticas; Ciencias; e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que agrupa a 30 universidades estatales y públicas no estatales del país, es el órgano responsable de organizar la prueba, cuya ejecución encarga a la Universidad de Chile.
El boicot de esta edición acabó con la suspensión de la PSU en 86 de los 729 locales en los que se aplicó el pasado lunes y con la suspensión al día siguiente a nivel nacional de la prueba de Historia debido a la filtración de parte del examen.
Estas situaciones afectaron a 44.226 personas que no pudieron rendir la PSU de Lenguaje y Comunicación (15 por ciento de los inscriptos para la evaluación); 37.396 en Ciencias (20 por ciento de los inscriptos) y 86.571 en Matemática (29 por ciento del total), según el CRUCH.
En tanto, más de 202.000 postulantes estaban anotados para rendir Historia, Geografía y Ciencias Sociales, prueba que no se llevará a cabo este año por razones de “inviabilidad técnica, logística, territorial y de seguridad pública”, divulgó el Consejo de Rectores.
El CRUCH sí reprogramó para los próximos 27 y 28 de enero las pruebas de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias para quienes no pudieron dar el examen la semana pasada por el boicot.
Sin embargo, la Aces está decidida a seguir movilizándose para impedir la prueba que, en opinión de uno de sus portavoces, Víctor Chanfreau, “no puede darse nunca más” porque “atenta contra el derecho a la educación”.
“Es ahora o nunca el momento de cambiar estructuralmente el modelo educativo y esta prueba de acceso a la educación superior, que solo segrega”, dijo Chanfreau días atrás a periodistas.
La PSU estaba agendada en un principio para los días 18 y 19 de noviembre del año pasado, pero se pospuso hasta en dos ocasiones dado el contexto social del país, inmerso desde el 18 de octubre de 2019 en un fenómeno de movilizaciones sociales contra la desigualdad.
En este marco se han reportado episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público y al menos 27 muertos, además de centenares de denuncias por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos consumadas por las fuerzas de seguridad al contener las manifestaciones.
Una de las bases de la protesta social en Chile es el fuerte cuestionamiento al modelo educativo
Hay educación para ricos y para pobres y eso se ve reflejado en la prueba de ingreso
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