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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió ayer la decisión de su Ejecutivo de imponer un cierre perimetral a Madrid y ocho municipios vecinos como una respuesta “contundente” al avance del coronavirus en la zona, pese al rechazo de las autoridades locales.
Desde anteanoche y por al menos dos semanas, la capital española y ocho localidades de sus alrededores sólo pueden salir de las mismas por motivos justificados, como ir al médico, a estudiar o trabajar, o atender a personas dependientes.
Dentro del perímetro municipal, no obstante, pueden moverse libremente para sus actividades cotidianas, aunque con algunas limitaciones, como la de limitar el aforo de los restaurantes al 50% y su cierre a las 23.
Alrededor de 7 mil policías controlan el cumplimiento de la medida en las calles de las zonas afectadas, cuya violación supone una multa, en virtud del estado de alarma decretado anteayer por la coalición gobernante, conformada por los socialistas y los progresistas de Unidas Podemos.
Sánchez sentenció así tres semanas de pulseada con el Gobierno regional madrileño, liderado por el conservador Partido Popular, que condena estos llamados cierres perimetrales por considerarlos punitivos.
“Nosotros siempre hemos puesto por encima de toda otra consideración la salud pública, salvar vidas”, afirmó el mandatario socialista en su primer comentario al respecto, desde la ciudad portuguesa de Guarda, donde participaba con miembros de su gabinete en una cumbre bilateral hispano-lusa.
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Sánchez recordó que, al ser el epicentro de la segunda ola del brote en España, la región de Madrid tenía una “evolución preocupante” y argumentó que “no podíamos quedarnos de brazos cruzados, dado que había que dar una respuesta clara y contundente”.
Además de los nueve municipios afectados por el estado de alarma, el Gobierno madrileño decidió ayer implementar desde este lunes las mismas restricciones de movimientos en siete zonas básicas de salud que presentan una “mayor concentración de contagios por COVID-19”, donde se sumará como medida adicional el cierre de parques infantiles. La decisión del Gobierno de Sánchez fue también defendida por su homólogo portugués, el socialista Antonio Costa, quien aseguró que “la sociedad, las familias, las empresas no pueden volver a enfrentar el costo de un paro global” como el de la primavera.
“Es un costo social inmenso, y tenemos que conseguir controlar la pandemia con nuevas armas” no tan drásticas, añadió el jefe de Gobierno portugués, apelando a una mayor “responsabilidad” personal y “menos imposición legal”.
En ese sentido, ambos dirigentes coincidieron en que no se plantean cerrar la frontera, como hicieron entre mitad de marzo y el 1 de julio como parte del paquete de medidas drásticas contra el coronavirus.
España, como este diario lo viene informando, es uno de los países más impactados por el coronavirus en Europa, con cerca de 33 mil fallecidos y más de 860 mil casos diagnosticados.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió que no sabe qué está fallando para que España sea el país con más casos de COVID-19 en el viejo continente: la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del organismo, María Neira, reconoció esta semana que, a pesar de llevar semanas analizando la situación de España y los motivos por los que es el país de Europa con mayor incidencia de COVID-19, todavía no saben qué es lo que está fallando.
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