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Por séptima vez desde marzo pasado cuando se inició la cuarentena impuesta por la pandemia, el cobro de jubilaciones en La Plata repitió la postal de miles de personas aglomeradas en interior de los bancos y en las filas que se extendieron en las veredas por más de cien metros.
De modo que, una vez más, quienes integran los llamados “grupos de riesgo” volvieron a ser, paradójicamente, las que tuvieron que exponerse por muchas horas a posibles contagios y a la intemperie, en una situación que origina tantos reclamos por las esperas como incomprensión acerca del hecho que las autoridades no hayan podido encontrar -pese a los siete meses transcurridos- mecanismos alternativos para el pago de los haberes al sector pasivo, de modo de evitarle los peligros sanitarios que este trámite implica.
Una de las extensas colas era la que se registraba en la sucursal del Banco Nación. “Vine a cobrar la jubilación. Llegué a las 10.30 y a las 12.30 todavía estaba a más de 100 metros”, ejemplificó una mujer que se acercó temprano para percibir sus haberes jubilatorios.
Otro lugar repleto de usuarios fue la sede central del Banco Provincia en 6 entre 46 y 47, donde incluso después de mediodía la fila de clientes doblaba por 47 y se extendía por esta calle. Un panorama similar se presentó en las sucursales del Bapro y en otras entidades en las que se pagan jubilaciones provinciales o nacionales.
Está claro que la permanencia durante horas de personas mayores en concentraciones de gente – en momentos en que se reiteran reclamos a la población para que permanezca en sus hogares, sobre todo los adultos mayores, que integran los grupos de riesgo- constituye un verdadero e inexplicable despropósito, cuyas consecuencias sanitarias podrían resultar extremadamente graves.
Es verdad, como se ha dicho, que existen otras opciones para evitar largas colas en las sedes bancarias y en los cajeros, como fórmulas para conseguir dinero en efectivo o realizar los pagos. Muchas personas pueden recurrir al pago con tarjetas de débito y crédito a través de mercado pago. Otras opciones disponibles pueden ser, por ejemplo, las que funcionan en las principales cadenas de supermercados, donde se puede retirar efectivo con la tarjeta de crédito o débito, cuando se cancela una compra mínima en la línea de cajas.
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Otra opción son las cajas de los rapipagos o de las estaciones de servicio YPF. En este último caso el mecanismo es el mismo que en los supermercados. Una vez que se cargó combustible o se consumió algún producto en el kiosco se puede hacer uso de la opción de sacar efectivo del cajero.
Se ha dicho, asimismo, que está presente la posibilidad de reemplazar el uso de efectivo por las transferencias inmediatas. Estas se pueden realizar por medio de cajeros automáticos, home banking y mobile banking todos los días del año durante las 24 horas.
Sin embargo, como se sabe, hay centenares de miles de empleados públicos y de jubilados bonaerenses, cuyas cuentas de sueldo y de haberes previsionales se encuentran cautivas del Banco Provincia, muchos de los cuales carecen hoy de una fórmula -y también de conocimientos- para poder transferir su dinero vía electrónica a las cuentas bancarias de sus eventuales acreedores.
Se ha dicho en forma insistente aquí que el sistema de cajeros automáticos fue previsto por la Provincia como una alternativa para darle mayor agilidad al sistema bancario. Sin embargo, siguieron existiendo falencias tanto en ellos como en los pagos por ventanillas, traduciéndose todo en demoras y en múltiples perjuicios para los clientes, que deben enfrentar, en muchas oportunidades, verdaderas odiseas para hacerse de su dinero.
En los últimos meses, el justificado reclamo de las personas mayores no se agota en las dificultadas y molestias que implica poder cobrar sus haberes previsionales. Ahora, también, el Estado es responsable directo de que ese sector de la población, que integra los grupos de riesgo, no se vea compelido a violar la cuarentena y a ponerse en alto riesgo, tan sólo para poder acceder a un dinero que les pertenece. No le faltan recursos a la administración, para imaginar otras alternativas que no impliquen poner en peligro a la salud pública.
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