Dura respuesta de juristas a la carta de Cristina: “No cree en la división de poderes”

Un día después de la carta de Cristina Fernández de Kirchner cuestionando a la Corte Suprema, abogados constitucionalistas y juristas consultados salieron a rechazar de manera contundente aquellas críticas.

“No cree en la división de poderes ni en la independencia de la Justicia”, disparó, por caso, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay que observó a “una persona acorralada, hace un año que ensaya distintas estrategias pero las causas judiciales en su contra siguen vigentes”.

Para Alfredo Vítolo, profesor de Derecho Constitucional, este “destrato” al Poder Judicial “no es novedoso en su actuación. Hace algunos meses increpó a los jueces que la estaban juzgando, señalando que a ella ‘ya la había juzgado la historia’, pretendiendo ponerse por encima de las leyes y de la Justicia”, por lo que lamentó esta “clara presión de la vicepresidenta sobre el Poder Judicial, que afecta su necesaria independencia”.

El miércoles, en la víspera del aniversario por el primer año del nuevo gobierno, la expresidenta difundió una misiva en la que, a la vez que destacó algunas medidas oficiales -omitiendo mencionar al Presidente- cargó las tintas contra la Justicia y muy especialmente contra la Corte.

Acusó, por ejemplo, al alto tribunal de “condicionar o extorsionar” al Ejecutivo “para hacerlo fracasar”. También, describió “esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores” a la que llama lawfare.

En su mensaje, publicado poco después de que el máximo tribunal confirmara la condena a Amado Boudou en el caso Ciccone, Cristina cuestionó también que “de los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.

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A esas palabras suscribió ayer el presidente Alberto Fernández: “Lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos. La Justicia no está funcionando bien”, aseguró y advirtió: “El sistema judicial en la Argentina está funcionando mal”. Por eso, dijo, “comparto mucho de lo que ha planteado Cristina. Es una mirada objetiva de lo que está pasando en la Justicia”.

Distinta fue la opinión de abogados como Alejandro Fargosi, exintegrante del Consejo de la Magistratura, para quien la carta de Cristina Kirchner ratifica su falta de respeto por la Justicia: “Muchos criticamos a la mayoría de la Corte por su muy mal fallo del 3 de noviembre, que elípticamente dio la razón al inadmisible planteo contra los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Pero Fernández de Kirchner les espeta que ha sido insuficiente. Quiere todo y no se conforma con menos. Lo avisó hace años y lo reafirmó sugiriendo que le tengamos miedo”.

En declaraciones a la prensa, el letrado alertó que “por ahora, el país es de ella: domina al Congreso y al Poder Ejecutivo. Le faltan el Poder Judicial, el Ministerio Público y los medios. No seremos todavía la Venezuela de 2020 pero sí estamos en la de 2001”.

En tanto que para el abogado constitucionalista y miembro del Consejo Consultivo para reformar la Justicia Federal, Andrés Gil Domínguez, el mensaje epistolar de la vicepresidenta es “una arremetida política y descalificante que choca contra el modelo constitucional vigente”.

Domínguez admitió que “el poder judicial tiene problemas de funcionamiento, pero tiene legitimidad democrática” y rechazó que exista el lawfare en la Justicia: “Desde ningún punto de vista -dijo-. No es un elemento por el que haya que cambiar cuestiones”, para después recordar que “la Corte Suprema es el máximo y único intérprete de los derechos que están en la Constitución”.

Pero, lejos de quedarse en las fronteras argentinas, la carta de la expresidenta viajó y generó repercusiones más allá del país. Tanto que la el director ejecutivo de la ONG por los Derechos Humanos del mundo Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter que el mensaje implica “un ataque inadmisible a la independencia judicial” y que “Argentina debe garantizar que los jueces estén libres de cualquier presión, amenaza o interferencia”.