Debe aplicarse la ley de Desarrollo del Sud Oeste

Los pueblos y Distritos del Sud Oeste de la Provincia de Buenos Aires somos en general fuertemente dependientes del buen resultado de la actividad agrícola y ganadera. Con la excepción de Bahía Blanca y su impronta portuaria, las universidades, el polo petroquímico y en menor medida Coronel Rosales y la base naval, el resto ha generado desde las producciones primarias recursos para vivir. Pero insuficientes para crecer y desarrollarse.

En la búsqueda de mejorar ese perfil productivo y aportar instrumentos desde el Estado y en la relación con la Región en el año 2007 se sancionó la Ley 13.647 (Plan de Desarrollo del Sud Oeste Bonaerense) que toma geográficamente la totalidad de los distritos de Adolfo Alsina, Patagones, Villarino, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Saavedra, Tornquist, Bahía Blanca y Puan. Y parcialmente a Guaminí, Coronel Suárez y Coronel Pringles. Esta región, aunque formando parte del territorio bonaerense no pertenece a la llamada Pampa Húmeda. Por el contrario desde el punto de vista de la calidad de sus tierras y de la condición climática esta mas vinculada a una zona semi árida con amplios bolsones de zonas áridas.

Su territorio representa casi un 25 por ciento de la superficie provincial con 6.500.000 hectáreas, 8.000 productores agropecuarios y casi 600.000 habitantes. La reglamentación de la ley fijó como autoridad de aplicación al Ministerio de Asuntos Agrarios (hoy de Desarrollo Agrario) y posteriormente se fijó su estructura funcional.

“La realidad indica que la ley nunca llegó a tener una aplicación y desarrollo que impacte realmente en forma favorable en la región”

Algunas medidas y realidades nos deberían preocupar hoy desde lo productivo y buscar mecanismos al respecto. La creciente presión fiscal sobre la producción primaria de la región, el encarecimiento impositivo de la operatividad de los puertos regionales y la muy mala cosecha fina de la zona producto de una sequía que en la región es cíclica, deberían hacernos buscar instrumentos que alienten a nuestro sector productivo.

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El texto legal es absolutamente amplio y ofrece posibilidades muy viables con participación de mesas distritales, una coordinación regional y un foro de intendentes de estos distritos. Se promueven desde allí medidas fiscales, exenciones, aportes crediticios, promoción de proyectos productivos, nuevas tecnologías, integración regional, promoción de productos regionales (vinos, olivares, turismo, etc.) apoya producciones alternativas o complementarias (porcinos, ovinos, apícolas, lácteos, etc.), a generar nuevas cadenas de valor y esencialmente apunta a apoyar programas sustentables tanto agrícolas como ganaderos (mixtos).

La realidad indica que la ley nunca llegó a tener una aplicación y desarrollo que impacte realmente en forma favorable en la región. La ausencia de presupuestos para beneficiar políticas sustentables y de modernización, la excesiva burocratización de sus decisiones y/o la escasa importancia dada por las administraciones provinciales la tornaron improductiva como herramienta legal.

Excede a este breve planteo desarrollar en extensión cuantas medidas favorables podrán llevarse a cabo con su instrumentación. He sostenido tanto desde la gestión municipal que me tocó en Adolfo Alsina como en mis propuestas a la Legislatura que la integración, el desarrollo y las políticas de producción local y regional deben ser un objetivo. Las universidades, el INTA, las chacras experimentales, las entidades agropecuarias, los organismo de preservación del suelo y el medio ambiente, etc. han trabajado con responsabilidad en su momento en generar ideas y alternativas que me parece valioso rescatar.

Por ello creo de importancia en el muy corto plazo hacer llegar a las nuevas autoridades provinciales esta mirada, gestionar que se dote al presupuesto próximo a tratarse en la Legislatura de recursos para fondear su aplicación, analizar y actualizar alcances y formato de la ley para hacerla mas ágil y dinámica en su aplicación, generar con los intendentes municipales y legisladores de los distritos involucrados un intercambio de opiniones sobre la experiencia lograda para acordar las modificaciones necesarias y fijar un plan mínimo de metas posibles en el corto y mediano plazo.

(*) Senador Provincial (Juntos por el Cambio)