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La Suprema Corte de Justicia bonaerense encomendó a los magistrados de los fueros Penal y Penal Juvenil que hagan efectivas las peticiones de informes de salud, “en los trámites de urgente despacho de manera exclusiva y excluyente”, al correo electrónico oficial del ministerio de Justicia y Derechos Humanos: informessaludpenitenciaria@mjus.gba.gob.ar.
En tal sentido, voceros judiciales indicaron ayer que la medida, firmada por el presidente de la Corte Eduardo De Lázzari, se adoptó en función de un requerimiento del ministro de Justicia de la Provincia, Julio Alak, ante la catarata de pedidos por parte de juzgados y tribunales de mayores y menores, a raíz de presentaciones realizadas por detenidos, amparándose en recientes fallos judiciales, invocando la pandemia del COVID 19, en el que se disponen arrestos domiciliarios u otras medidas alternativas a la prisión, alegando estar comprendidos entre personas de riesgo ante el Corona virus.
El correo electrónico que implementó la Corte es para los trámites de “urgente despacho”
En la resolución se explica que con el objetivo de recibir exclusivamente los requerimientos sobre detenidos en relación al COVID 19, alojados en unidades carcelarias y alcaidías de la Provincia, se creó ese correo electrónico para que los pedidos de informes médicos en presentaciones realizadas en favor de internos, al entender sus defensas que están comprendidos en los grupos de riesgo, se realicen en forma ordenada y con la mayor celeridad posible.
Como se sabe, la decisión del tribunal de Casación bonaerense de avanzar con la excarcelación de presos que estaban alojados en penales y que ahora cumplirán la pena con prisión domiciliaria para minimizar las chances de contagio de COVID 19 viene generando una fuerte controversia. Por un lado, legisladores de la oposición reclaman a la Provincia que se informe con detalle el listado de detenidos liberados y por qué delitos estaban procesados o condenados.
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Además, anteayer el fiscal de Casación Carlos Altuve apeló el fallo pidiendo que se le dé trámite urgente, para que lo revise la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
En la presentación, Altuve destacó que si bien comparte la decisión buscar una alternativa al hacinamiento carcelario en medio de la pandemia, no está de acuerdo con las formas en que se implementó la medida porque no está claro el criterio para distinguir un delito grave de uno leve al momento de otorgar las morigeraciones de las detenciones.
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