Peligran en la Región 2.500 empleos y las pymes piden cobrar, pero sin endeudarse

Empresarios que agrupan a pymes constructoras de la Región advierten por el futuro de unos 2.500 puestos de trabajo en el Gran La Plata. Aseguran que “las medidas oficiales anunciadas para preservar la vida de las Pymes constructoras no son suficientes” y cuestionan el formato que implementó la Provincia de Buenos Aires para cobrar deudas de 2019 originadas en la obra pública, ya que, a través de un mecanismo implementado por el gobierno de Axel Kicillof, las firmas de nuestra ciudad recibieron un bono que los habilita a acceder a financiamiento a través del Banco Provincia a una tasa del 24 por ciento anual. Es decir, les dan un préstamo con ese interés por la deuda que la propia Provincia tiene con ellos, explican.

Por eso, los empresarios Pymes agrupados en Apymeco (Asociación de Pymes de la Construcción) le explicaron a EL DIA que “es una medida sumamente perjudicial para las pymes la implementada en la Provincia de Buenos Aires por la deuda que el Ministerio de Infraestructura mantiene con las empresas pequeñas y medianas contratistas de obras publicas. La gestión anterior dejó de pagar desde el mes de septiembre de 2019 y esta situación provocó la ruptura de la ecuación económica-financiera de las obras y su paralización. A tal efecto implementó el Certificado de Liquidación Provisoria para cancelar deudas con proveedores y contratistas, con el fin de brindar soluciones rápidas y simples al sector productivo. Una vez emitido el certificado por la Tesorería de la Provincia, la empresa tiene 10 días para iniciar el trámite en el Banco Provincia. Dicho certificado es una garantía para que el Banco otorgue un préstamo -siempre que la empresa califique- con una tasa de interés del 24 por ciento anual y una comisión del 1 por ciento. Es decir, la Provincia le debe a una empresa desde septiembre de 2019 y para pagar la deuda le entrega un certificado con el cual se podrá solicitar un préstamo y la misma provincia, a través del Banco público bonaerense, nos cobra un interés del 24 por ciento, cuando en realidad la obligación del Estado es cancelar las deudas con los contratistas, sobre todo, con la gravedad de los efectos económicos que conlleva esta cuarentena”.

EL ESTADO Y LAS PYMES

El presidente de la entidad, Jorge Del Río, agregó - en diálogo con este diario - que “de esta forma es imposible que una pyme logre un equilibrio económico que le permita sobrevivir a esta grave situación y estar vigente para cuando pueda volver a producir. El Estado debe apoyar a las Pymes en esta situación y va a ver recompensado sus esfuerzos con creces, porque podrá ratificar que son las mayores generadoras de empleo, y gobernar, es primordialmente generar empleo genuino”.

La situación de la obra pública y privada tanto en la Región como en la Provincia es muy delicada, según afirman los empresarios del sector. Obradores parados, deudas millonarias, empresas sin trabajo y con problemas para pagar los sueldos.

Es que el sector de la construcción vive un momento muy particular desde que se implementó la cuarentena por el coronavirus el 20 de marzo pasado. Las pymes han perdido capital de trabajo y enfrentan el despido de muchos trabajadores. La parálisis económica motivada por el la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio se siente con fuerza en un sector que, desde hace al menos dos años a esta parte, tiene a su actividad en caída en todo el país.

Ante este panorama negativo, las pymes constructoras remarcan que los Estados municipales, provinciales y el nacional adeudan a las empresas trabajos oportunamente efectuados con moras que alcanzan los seis meses. Y sostienen que ellas son un gran motor de empleo, dan una gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos y hoy atraviesan uno de sus momentos más críticos.

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“Desde Apymeco – la entidad nuclea a pymes de la Región y la Provincia - pedimos medidas urgentes para solucionar la grave crisis económica que afecta a las empresas pymes de la construcción. En la Provincia de Buenos Aires, antes del COVID–19, ya atravesábamos una difícil situación como consecuencia de la explosiva combinación de dificultades provocadas por la macroeconomía y, en el caso de la obra pública, la falta de pago de nuestros comitentes. Esta contingencia arrastró a muchas de nuestras empresas a endeudarse en el sistema financiero hasta el limite de sus posibilidades y a financiarse con cheques de pago diferido con los proveedores. El Gobierno por medio del Banco Central, otorgó mayores incentivos a las entidades financieras, para que potencien las líneas de créditos a tasas del 24%, para el pago de sueldos y capital de trabajo de las pymes. Y pese a que estas entidades agrupadas en la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) informaron que otorgaron créditos a pequeñas y medianas empresas, las únicas beneficiadas fueron aquellas que tenían muy buena calificación crediticia. Medida que en principio es una ayuda para quienes están produciendo, ya que para los que no están en actividad como consecuencia de los decretos de aislamiento, resulta una nueva carga”, explicaron.

Le apuntan a los bancos

Por tal motivo, Del Río agregó que la solución propuesta no fue la correcta. “Hasta ahora nada han resuelto los bancos públicos ni privados, para otorgar los prestamos a las pymes, que ya veníamos con graves problemas para poder cubrir los cheques entregados a los proveedores, por el contrario, si bien el Banco Central por resolución estableció que hasta el 30 de abril los mismos podrían ser re depositados y que los rechazados no provocarían multas, ni cambio en la calificación de las empresas, en la práctica los cheques fueron rechazados y pusieron en cero las cuentas corrientes, originando un quiebre en la cadena de pago y provocando una baja de hecho en la calificación, impidiendo el otorgamiento del préstamo”.

Para los constructores locales, de esta forma “es imposible que una pyme logre un equilibrio económico que le permita sobrevivir a esta grave situación y estar vigente para cuando pueda volver a producir. El Estado debe apoyar a las pymes en esta situación y va a ver recompensado sus esfuerzos con creces, porque podrá ratificar que son las mayores dadoras de empleo, y gobernar, es primordialmente generar empleo genuino. El Estado debe garantizar que los bancos cumplan con su obligación fundacional de otorgar financiamiento real al sector productivo y así promover el ciclo virtuoso del crecimiento económico. En esta situación, particularmente, necesitamos que el estado subsidie la tasa de interés, promoviendo préstamos a tasa 0 por ciento , con períodos de gracia y flexibilización de los requisitos, para que el préstamo llegue a quien verdaderamente lo necesite”.