Los 19 Defensores Oficiales de la Provincia presentaron un hábeas corpus colectivo ante el Tribunal de Casación para que se excarcele a los presos que se encuentran dentro de la población de riesgo por el coronavirus y que están alojados en cárceles, comisarías e instituto de menores.
En la presentación radicada el viernes los defensores solicitan “medidas extraordinarias” por considerar “inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo por el COVID-19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”.
En el escrito, consideraron grupo de riesgo a las personas con más de 60 años de edad, menores, las madres con hijos menores de 5 años, mujeres embarazadas y los llamados protocolizados que, por distintas patologías, presenten mayor riesgo de contagio del virus. Según calculan en Tribunales se trata de “un universo de entre 1.500 y 2.000 detenidos”.
Por eso, pidieron a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad, y a los jueces de instancia, “los listados actualizados de los penados y procesados alojados en el Servicio Penitenciario, en institutos y en las comisarías, que aún permanezcan en ámbitos de encierro, pese a ser identificados dentro de grupos vulnerables”.
También solicitaron que los jueces de instancias inferiores informen a Casación “la nómina de aquellos casos en los que han decidido mantener el encierro, y cuáles han sido los fundamentos para dicha resolución”, se indicó.
“El Hábeas Corpus colectivo debe dar marco suficiente para que el Tribunal pueda revertir tempestivamente las decisiones que evidencien manifiesta ilegalidad o ignoren las razones humanitarias y/o sanitarias que han fundado el trato diferenciado a ese grupo de personas”, graficaron.
También pidieron que se inste a los jueces a “racionalizar el uso de la prisión preventiva, procediendo en su caso a una externación seleccionada de detenidos, siempre con el fin de menguar el hacinamiento en cárceles y comisarías”.
Según los defensores, “la situación actual de riesgo generada por la pandemia, el agravamiento del encierro por el confinamiento en los pabellones y la suspensión de cualquier tipo de tratamiento en procura de la reinserción social, obliga a reconsiderar la intensidad y proporcionalidad de las medidas cautelares”, sostuvieron.
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