El costo económico de la pandemia y el aislamiento social es enorme. En marzo el EMAE arroja una caída de la actividad económica del 11,5 por ciento, récord en más de una década, volviendo el país a los niveles del año 2009. Aunque la dimensión de la recesión es mucho más amplia. En ese mes, la cuarentena se decretó el día 20, afectando de manera parcial a la producción, mientras que en los meses siguientes fue completa. Abril y mayo arrojarán datos más negativos.

La caída económica del año se proyecta en niveles del 10 por ciento, pero suben con cada extensión del aislamiento duro. Frente a este derrumbe de la actividad productiva, la administración del presidente Alberto Fernández sigue sin presentar un programa económico o algún lineamiento de salida de la cuarentena. Una recuperación, en este contexto, sería lenta con un aumento muy fuerte de los niveles de pobreza y el desempleo. De acuerdo a últimas estimaciones, el gobierno de Alberto F. dejaría la economía en un nivel similar al que la recibió o incluso menor, dependiendo si el default de la deuda se extiende y las decisiones que tome.

El capítulo de la negociación de la deuda, que surgió en los inicios de la gestión del ministro Martín Guzmán como el centro de todas las dificultades, con la magnitud de la actual recesión, ha pasado a un segundo plano. Igual, los errores del ministro en las negociaciones con los bonistas, desembocan en un escenario en donde la Argentina probablemente termine pagando más para no caer en otra cesación de pagos.

La propuesta unilateral elaborada por Guzmán, sin contacto con los acreedores, terminó en un fracaso rotundo, elevando los niveles de incertidumbre y las presiones sobre el dólar. El funcionario habría informado a Presidencia que esperaban una recepción favorable de alrededor del 40 por ciento de los bonistas. El saldo real, nunca informado, es estimado en alrededor del 14 por ciento en el mercado. La decisión del Presidente de extender los plazos y abrir una mesa real de negociaciones, evitó desembocar en el noveno default, aunque no pudo eludir los mayores costos.

Las presiones sobre el dólar, debido a la enorme incertidumbre, afectaron las reservas del Banco Central. Desde Semana Santa la entidad que preside Miguel Pesce, tuvo que vender unos 1.200 millones de dólares, una cifra que duplica el vencimiento de los bonos Globales que se decidió no pagar por 503 millones de dólares. El nivel de reservas también cae por el retiro de los depósitos en dólares en los bancos, que se estima entre 30 a 40 millones de dólares diarios. Otro tanto ocurre con los 200 dólares mensuales que se pueden comprar en el mercado oficial.

En abril 1,2 millones de personas compraron 248 millones de dólares, cuando un mes atrás fueron muy menores. Con el dólar escalando por encima de los 110 pesos, en mayo se aceleraron todas las tendencias que erosionan las reservas del Banco Central. De manera que, el costo real de la propuesta fallida de Guzmán, se mide en los miles de millones de dólares que pierde el BCRA y en los mayores pagos con los cuales deberá acordar con los acreedores.

La decisión política del Presidente de evitar un default completo atemperó la incertidumbre y la cotización del dólar, pero no elimino los daños sobre las reservas. Ahora, los acreedores esperan una negociación que pueda tener un cierre en las próximas semanas, en algún valor bastante mayor al que propuso el ministro Guzmán. El funcionario, que se habría propuesto cambiar la lógica de las negociaciones financieras, debió dar un giro de 180 grados y aceptar las reglas del mercado, quedando en una situación de mayor debilidad. ¿Cuánto más pagará la Argentina? Quizás 10 ó 15 puntos más de paridad en el canje de los bonos. Aunque ese aspecto no parece hoy el más relevante ante el nivel de caída de la economía y a los niveles de mayor recesión que llevaría un default total de la deuda.

La intervención del Fondo Monetario Internacional en la negociación o en la definición de un programa económico para el país, es otra de las incógnitas. Las intenciones en esta dirección van y vienen, pero sin certeza oficial. El organismo internacional dijo oficialmente que no se involucraría en las negociaciones con los acreedores, pero ahora reaparece la idea que realice un monitoreo de la economía argentina y que luego del cierre de un acuerdo con los tenedores de bonos, inicie conversaciones con el gobierno por un nuevo programa.

Habrá que esperar para ver que sucede. La ausencia de definiciones oficiales no contribuye a disipar los interrogantes sobre la economía del país.

La política, al contrario, golpea una vez más con propuestas que envisten sobre el sector privado, desde quedarse con parte de las empresas, volver a incrementar impuestos, reprimir la operación de los mercados o congelar tarifas por tiempo indefinido.