El Procurador bonaerense pidió revocar el fallo que autorizó las domiciliarias a presos

“Se debe dar marcha atrás con los permisos de prisiones domiciliarias mal otorgados y esas personas deben volver a las cárceles”. Eso es lo que sostuvo el Procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, al expedirse sobre el hábeas corpus colectivo que benefició a cientos de presos bonaerenses y solicitar a la Suprema Corte de Justicia que revoque el fallo de Víctor Violini, el juez platense de Casación que lo habilitó.

Así lo confirmaron a EL DIA fuentes cercanas al Procurador, que emitió su dictamen en forma electrónica en las últimas horas del martes, el mismo día en que el alto tribunal provincial hizo lugar a un recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve y suspendió provisionalmente las excarcelaciones que, fundadas en el riesgo sanitario por el coronavirus, generaron un gran malhumor social. Los cacerolazos del jueves y domingo pasados reflejaron ese malestar, mientras circula en redes sociales una nueva convocatoria para hoy, a las 18.

Como Altuve, Conte Grand consideró que el fallo de Violini es ilegal y advirtió que la “gravedad institucional” del caso amerita la intervención de la Corte. También juzgó como ilegal la decisión del camarista Ricardo Borinsky, quien el 22 de abril -días después de la sentencia de su colega- instó a los jueces y tribunales inferiores a cumplieran de manera “urgente” con las órdenes de los arrestos domiciliarios.

El fallo en cuestión se remonta al 8 de abril pasado, cuando Violini hizo lugar a un pedido colectivo de excarcelaciones y domiciliarias promovido por los defensores generales de los 19 departamentos judiciales bonaerenses y acompañado, como amicus curiae, por la Comisión Provincial de la Memoria. El hacinamiento en las abarrotadas cárceles provinciales, el riesgo de contraer COVID-19 y que los detenidos purgaran por delitos “leves” fueron las condiciones que interpuso el magistrado para otorgar el beneficio. Seguía asimismo las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero la medida, que alcanzó a los reclusos incluidos en listados elaborados por el Gobierno, soslayó una ancha zona gris: definir qué es un delito “leve”. Así, también se abrió las puertas a violadores, asesinos y narcos, fallos por los que al menos tres magistrados bonaerenses enfrentan pedidos de juicio político.

En ese sentido, Conte Grand se hizo eco de los cuestionamientos que también figuran en el recurso de la fiscalía y apuntó contra la utilización de la distinción entre delitos leves y graves como pauta para adoptar decisiones: “No es una clasificación contenida en el Código Penal y no existe acuerdo doctrinario al respecto”, puntualizó.

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Subrayo además la gravedad “que implica conceder un beneficio a una persona privada de la libertad de modo automático y por el solo hecho de su incorporación a un listado por parte del Poder Ejecutivo”. Esto -alertó el jefe de los fiscales- “afecta el sistema republicano y particularmente la división de poderes, al poner en manos del ejecutivo facultades de los poderes legislativo y judicial”.

También reprochó el Procurador que Violini haya obviado dar participación a las víctimas o a sus familiares.

Ahora, de acuerdo a los plazos establecidos por la Suprema Corte, se espera la opinión del defensor general de Casación, Mario Coriolano, cuyo dictamen se conocería hoy. A partir de entonces, los jueces del tribunal superior de la Provincia estarán en condiciones de resolver sobre la cuestión de fondo y decidir si confirman o revocan el fallo de Casación. También, se espera una sentencia “ordenadora” en torno a las excarcelaciones.

Si se revoca el hábeas corpus colectivo, quienes se beneficiaron con él podrían volver a la cárcel. En el primer mes de la cuarentena, según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, egresaron de las cárceles 2.200 privados de la libertad (antes y después del fallo de la polémica). De acuerdo a esos registros, entre los que salieron, 38 están imputados por violaciones y 42, por homicidios dolosos.