El Gobierno avanza con la reforma judicial y la oposición levanta la guardia

El presidente Alberto Fernández enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de reforma judicial, con el que propondrá un fuerte aumento de la cantidad de juzgados federales. La iniciativa del Gobierno se topa de antemano con críticas de la oposición, donde hay voces que advierten que buscará licuar la influencia de Comodoro Py y condicionar a la Corte Suprema.

El proyecto de ley, en el que el Presidente trabajó personalmente, ingresará a la Cámara de Diputados entre mañana y el lunes. La iniciativa fomentará, en una primera etapa, la fusión de los actuales 12 juzgados federales con los 11 del fuero penal económico. Y en una segunda fase, llevará a 46 la cantidad de jueces federales, mediante la creación de otros 20 juzgados.

El Gobierno aún no confirmó si la reforma judicial –que Alberto Fernández había anunciado el 1 de marzo, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso- incluirá la creación de un “consejo consultivo” destinado a modificar la integración y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. La duda del oficialismo pasa por las suspicacias que se generan en torno a ese aspecto de la iniciativa.

De hecho, la oposición parlamentaria emparenta cualquier intento por modificar la Corte con las causas judiciales en las que se investiga a la vicepresidenta Cristina Kirchner, dado que los fallos de esos procesos deberán ser eventualmente revisados por el máximo tribunal del país. Por eso, el Presidente podría enviar el proyecto sin el capítulo del “consejo consultivo” sobre la Corte.

La iniciativa fue elaborada por el propio Alberto F., quien se apoyó en tres colaboradores de confianza: el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la ministra de Justicia, Marcela Losado; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Según trascendió, fue la propia Cristina Kirchner quien reclamó al Presidente que desempolvara la reforma y le diera impulso político.

A tal punto, que circuló el nombre de su abogado Carlos Beraldi –con quien Alberto F. almorzó la semana pasada en la quinta de Olivos- para integrar el “consejo consultivo” junto a juristas de renombre como Carlos León Arslanian y Ricardo Gil Domínguez. La cercanía de Beraldi con la Vice, a quien defiende en varias causas judiciales, es la que enciende luces de alarma en la oposición.

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“Me preocupa la reforma judicial porque el Gobierno tiene interés en la Justicia y en las causas de corrupción”, advirtió el diputado nacional Alfredo Cornejo, uno de los principales referentes de Juntos por el Cambio porque preside el Comité Nacional de la UCR. “Hay un afán notable en frenar causas como Hotesur o Cuadernos”, agregó el legislador mendocino en declaraciones radiales.

A su vez Graciela Camaño, diputada nacional del bloque Consenso Federal, reclamó que “no sea el espíritu del proyecto la conveniencia del gobierno de turno, porque está comprobado que eso no tiene sustentabilidad”. La legisladora que se alineó con Roberto Lavagna advirtió que tanto el kirchnerismo como el macrismo “hicieron reformas que terminaron en el tacho de basura”.

Entre las pistas que Alberto F. dio el último domingo en un reportaje con Página 12, se preguntó si habría que dividir la Corte en salas de especialidad; si hay que revisar el recurso extraordinario que regula la intervención del máximo tribunal en causas específicas; si conviene modificar el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal; y si se instaurará finalmente el juicio por jurados.

“Es una ley muy ambiciosa que implica reconstruir el fuero federal”, definió el Presidente y agregó respecto del “consejo consultivo”: “Todo eso va a ser objeto de análisis del grupo que me asesore durante 60 días”, precisó el jefe de Estado. Aunque todavía no está claro que este aspecto de la reforma vaya a ser incluido en el proyecto que el Presidente enviará al Congreso nacional.