Las pequeñas y medianas empresas y comercios bonaerense cuya actividad haya caído como consecuencia de la pandemia y que no hayan accedido a la Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que otorga ANSeS, recibirán un auxilio financiero por parte de la Provincia para hacer frente al pago de salarios.

La medida fue anunciada ayer por el gobernador Axel Kicillof en el marco de un paquete de iniciativas impositivas y económicas que apuntan a sostener a las pymes bonaerenses de los sectores más castigados por la falta de actividad.

La batería incluye beneficios impositivos, como la reducción “al mínimo” de las deducciones de Ingresos Brutos para empresas, y líneas de crédito a través del Banco Provincia. En total, tendrán un costo fiscal para la Provincia de unos 1.500 millones de pesos, se anunció.

“Estas medidas son para el apoyo, asistencia y acompañamiento de la actividad productiva de la provincia y complementan el inmenso esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional”, expuso Kicillof durante un acto por teleconferencia que encabezó desde la Gobernación, acompañado por ministros de su gabinete, y funcionarios nacionales. El gobernador sostuvo que el plan de asistencia “apunta a un universo inmenso de empresas” y subrayó que esas políticas son “el resultado del análisis y el trabajo conjunto con todas las asociaciones empresarias con actividad en la provincia de Buenos Aires”.

Una de las medidas de mayor impacto es el denominado “ATP bonaerense”, es decir, la asistencia para el pago de salarios que dará la Provincia a quienes no pudieron acceder a ese beneficio dado por ANSeS.

Consiste en la asignación compensatoria de hasta el 50 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil por un plazo de tres meses. Los beneficiarios serán unidades productivas cuyas características de dotación de trabajadores y de facturación anual sea coincidente con el de las microempresas y pequeñas empresas y que no accedieron a beneficios similares, y que se inscriban dentro de actividades afectadas por la pandemia en el AMBA.

Es decir, aquellas que desde que comenzó la cuarentena no pudieron funcionar y tuvieron caídas de ingresos, entre ellos los comercios minoristas no esenciales, de servicios y gastronomía.

Entre las medidas impositivas que se tomarán en la Agencia de Recaudación (ARBA) se destacan la disminución de alícuotas de deducciones al mínimo, lo que beneficiará a pymes con ingresos declarados de hasta 1 millón de pesos en 2019, y empresas con caída de ventas y aumento de la relación deducciones/impuesto determinado.

También, un beneficio financiero a los agentes de recaudación ya que se modifica el plazo de ingreso de las percepciones a ARBA (de 15 a 30 días) y se lanza un plan de pagos para agentes con deudas por omisión.

A la vez, habrá una compensación del saldo a favor (SAF) del impuesto a los Ingresos Brutos con deudas acumuladas de otros impuestos, y se elevará a $300.000 del monto para devoluciones automáticas del SAF.

ARBA también lanzó un programa de pagos para deudas tributarias contraídas durante la pandemia, con planes de hasta 18 cuotas y extendió los planes generales de pago para deudas generadas hasta el 31 de mayo.

Por último, el organismo recaudador dispuso una bonificación del 15% en el impuesto a los Ingresos Brutos (y hasta 50% para PYMEs) hasta fin de año, lo que beneficiará a contribuyentes que entre marzo y mayo de 2020 hayan declarado ingresos hasta un 5% mayores que en 2019. Será para actividades que vieron afectada su actividad por la pandemia de coronavirus.