Se calienta el debate por los cambios en el Código Procesal y la posible salida de presos

La discusión por la reforma del Código de Procedimiento Penal bonaerense en la Legislatura abrió una fuerte pulseada entre el oficialismo y la oposición, que tiene mayoría en el Senado y busca imponer un proyecto propio centrado en la conocida “Ley de Víctimas”.

El debate se calentó en los últimos días, cuando se conoció una propuesta presentada por un sector del oficialismo, que desde la oposición y desde asociaciones de víctimas salieron a criticar en duros términos. De implementarse, dijeron, derivaría en una automática y masiva salida de presos de cárceles bonaerenses en virtud de una serie de artículos que apuntaban a limitar el otorgamiento de prisiones preventivas.

El debate, que el jueves de la semana que viene llegará al recinto del Senado bonaerense, cristaliza dos posiciones antagónicas y en conflicto entre Cambiemos, en tándem con organismos como Usina de Justicia, y la de un sector del Frente de Todos, que pide enfocar el debate no solo desde la perspectiva de la víctima sino también abordando cuestiones como las prisiones preventivas, ante la saturación y el hacinamiento en las cárceles.

El bloque de Juntos por el Cambio tuvo la semana pasada una victoria parcial en la pulseada, cuando logró imponer en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores un despacho de mayoría que tiene el espíritu de los proyectos que habían presentado legisladores como Carolina Píparo y otros en las dos cámaras.

Básicamente, recoge el espíritu de lo que fue la denominada “Ley de Víctimas”, sancionada en el Congreso nacional en 2017 y a la que la Provincia no se había adherido, ya que no había acondicionado su legislación a esos lineamientos. En consonancia con lo que venían pidiendo desde Usina de Justicia y otros espacios, apunta a darle a la víctima de delitos o a sus familiares, un rol más importante en el proceso penal.

Además de garantizar “asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.

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Entre otras cosas, por ejemplo, en el despacho de Juntos por el Cambio se planteaba que las víctimas o familiares deben ser informados por el juez antes del otorgamiento de una medida morigeradora de la pena o que implique una excarcelación de los procesados o condenados por esos delitos.

El debate se centró en el Senado bonaerense, por impulso de Cambiemos, que tiene mayoría en el recinto y en todas las comisiones.

La actitud de la oposición fue en sentido contrario al pedido que había hecho el ministro de Justicia Julio Alak, quien pedía tiempo para abrir un debate integral del Código de Procedimiento.

En desventaja numérica, el Frente de Todos buscó llevar el debate en esa dirección. Y en ese marco, presentó un borrador de un proyecto que generó una fuerte reacción de la oposición, quien consideró que de aprobarse iba a significar la inmediata liberación “de entre 10 mil y 15 mil presos de los penales bonaerenses”.

“Fue un verdadero caballo de Troya. Bajo el título de Ley de Víctimas y con la forma de normas destinadas a darles derechos y protección legal, se escondía en realidad una reforma del Código procesal con el único objetivo de beneficiar más todavía a los delincuentes, a cuya impunidad las víctimas asistirían impotentes”, criticaron desde Usina de Justicia.

Prisiones preventivas

En ese borrador, al que accedió EL DÍA se planteaba, por caso, que “la duración de la prisión preventiva, computada desde el momento de la detención hasta la sentencia de juicio, no podrá superar el término de dos años”. Y aclaraba que “solo en casos de delitos reprimidos con una pena máxima igual o superior a los 15 años la prisión preventiva podrá durar hasta 3 años”.

El artículo, aseguran en la oposición, va en línea con la mirada que tiene un sector del oficialismo y en el Ministerio de Justicia bonaerense en el debate por la reforma penal.

El borrador del despacho de minoría generó una automática réplica de Juntos por el Cambio, que salió a advertir que, de aplicarse, entre 10 mil y 15 mil presos que están detenidos con prisión preventiva y ya llevan más de dos años en esa condición, quedarían automáticamente en condiciones de salir en libertad.

En medio de ese escándalo, en el Frente de Todos retiraron el borrador de la mesa de discusión y presentaron otro despacho de minoría que no contiene esas propuestas.

Eso, luego de que Cambiemos decidiera avanzar con un despacho de mayoría propio en Legislación General y votar un dictamen para llevar al recinto en la próxima sesión.

La jugada opositora generó quejas del Frente de Todos, que quería profundizar la discusión en comisiones y pedía sumar propuestas que acercaron representantes de asociaciones de víctimas, de abogados y de jueces.

“No aceptaron ninguna propuesta nuestra. Avanzaron con la suya y clausuraron el debate”, denunciaron en el oficialismo, que todavía espera alcanzar un acuerdo antes de la sesión convocada para el próximo jueves.