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Aurélia End *
Columnista de AFP
Dejar a Donald Trump sin su cuenta de Twitter es una decisión “problemática”. No lo dice un partidario del presidente estadounidense saliente sino la canciller Angela Merkel, tras la espectacular decisión de la red social, que ha relanzado el debate sobre la regulación de los gigantes de la red. La decisión de Twitter de suspender “de forma permanente” la cuenta personal del presidente republicano (88 millones de seguidores) es “un terremoto”, opina la profesora universitaria Florence G’sell, especialista de derecho digital.
Se trata de una medida unilateral justificada por el “riesgo de nuevas incitaciones a la violencia”, días después del asalto de sus seguidores al Capitolio, a la que imitaron Facebook, Instagram, Snapchat y el martes, YouTube. La decisión ha relanzado el debate sobre el poderío y la regulación de los gigantes de la red.
Y las críticas no solo proceden de los partidarios del presidente republicano.
La canciller alemana, Angela Merkel, considera “problemática” la expulsión de Donald Trump de las principales plataformas digitales, dijo su portavoz. “Es posible interferir en la libertad de expresión, pero según límites definidos por el legislador, y no por la decisión de una dirección de empresa”, explicó.
“La regulación de los gigantes digitales no puede hacerse por la misma oligarquía digital”, criticó el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. El opositor ruso Alexéi Navalni denunció -en Twitter - “un acto de censura” basado en los “sentimientos y las preferencias políticas”.
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Kate Ruane, de la poderosa asociación estadounidense de defensa de derechos cívicos ACLU, considera que “todo el mundo debería preocuparse cuando estas empresas tienen el poder de retirar a personas de sus plataformas que se han convertido en indispensables para la expresión de millones de individuos”.
El comisario europeo Thierry Breton, que presentó a mediados de diciembre dos proyectos legislativos para tratar de poner fin a las derivas de los gigantes de internet, comparó la decisión de Twitter a un “11 de septiembre de las redes sociales”.
Desde su creación, las redes sociales se han amparado en la Sección 230 del “Communications Decency Act” (Ley de Decencia de las Comunicaciones) de la legislación estadounidense, que impide que sean perseguidas judicialmente por los contenidos que publican terceros y las exonera de responsabilidad civil y penal por considerar que tienen un papel de meros proveedores.
“El dogma de la sección 230, que es el dogma sobre el que las redes sociales han basado su fuerza desde 2000 (...) acaba de desmoronarse, y es un monumento que se derrumba en el espacio de la información”, declaró el comisario europeo el lunes. “Por primera vez en las redes sociales, este acto reconoce que los principales actores tienen una responsabilidad editorial”.
“Es una censura enmarcada por las condiciones generales” de las redes sociales, que son en última instancia los únicos amos, dice la abogada especialista digital Christiane Féral-Schuh.
“En Estados Unidos, la primera enmienda protege a los ciudadanos estadounidenses contra cualquier ataque a su libertad de expresión, pero el Tribunal Supremo también ha considerado que los actores privados pueden moderar como quieran sus espacios de discusión”, recuerda.
“Esto justifica totalmente lo que venimos haciendo desde hace un año, esta regulación de las redes sociales (...) que responde muy precisamente a este tipo de interrogantes. Y si alguna vez se pone en práctica, lo que ha pasado en Estados Unidos nunca podría reproducirse”, dijo Breton a la prensa.
“Los textos legislativos no bastan para regular el problema”, recuerda Christiane Féral-Schuhl. “Hay un problema transnacional y necesitamos colaborar con estos actores, bajo el control posterior del juez, y hacer aplicar estas decisiones al interior de nuestras fronteras.”
Falta saber qué hará la administración de Joe Biden, tras una audición particularmente tensa en noviembre pasado a los fundadores de Facebook y Twitter en el Senado estadounidense, en torno a la famosa “sección 230”.
Para Florence G’sell, “lo que está previsto en Europa y que podría interesar mucho a los estadounidenses, es poner en marcha un procedimiento en la aplicación de las decisiones de moderación, una facultad de impugnar estas decisiones, y la posibilidad de recurrir a una tercera instancia para resolver el litigio”.
Para ello, “hay que legislar” en Europa y en Estados Unidos y “aclarar qué régimen se aplica a los responsables políticos, pero también más ampliamente a todos los actores del debate público”, explica la experta. “Yo pienso que las plataformas están dispuestas a colaborar. Pero no hay que ser ingenuo, hay intereses financieros enormes y se han beneficiado mucho de la polarización”.
* Con colaboración de Yassine Khiri y Jules Bonnard
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