Docentes anticipan un paro en Capital, pero descartan medidas en la Provincia

“Si quieren empezar las clases el 17 de febrero vamos a hacer retención de servicios. No vamos a concurrir al lugar de trabajo”, sentenció ayer la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) -sindicato de base porteña de Ctera-, Angélica Graciano.

La amenaza, similar a la que ya había lanzado el sindicato Ademys, fue en respuesta al anuncio del Gobierno capitalino, que ratificó el regreso escalonado a las escuelas, respetando los protocolos sanitarios de rigor para prevenir contagios por COVID-19, organizando burbujas sanitarias y con una jornada mínima de cuatro horas de clases en el aula, a partir del 17 de febrero. Primero volverán los chicos de los jardines maternales, el nivel inicial, los primeros ciclos de primaria y secundaria. Luego se irá sumando el resto.

El 17 de febrero también está agendado en el calendario escolar de la Provincia: ese mismo día empezarán en los colegios bonaerenses las actividades de intensificación de la enseñanza (para aquellos alumnos que requieren de apoyo escolar), “apuntando a la mayor presencialidad posible”, explicaron a EL DIA fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación sobre esa suerte de tubo de ensayo para el comienzo de clases previsto para el 1º de marzo.

Pero mientras que en la Capital Federal algunos gremios de docentes porteños rechazan la vuelta a la presencialidad, en la Provincia los sindicatos no oponen resistencia y descartaban ayer cualquier medida de fuerza: “No está en análisis”, reforzaban, y destacaban el trabajo conjunto con las autoridades provinciales “para iniciar las clases con las garantías necesarias para docentes y alumnos”.

Por caso, ayer el gobernador, Axel Kicillof, encabezó un encuentro virtual con referentes de los distintos gremios bonaerenses -entre ellos Suteba, Feb, Sadop, Udocba y Amet. La reunión sirvió tanto para ratificar la vacunación a docentes desde la semana próxima (ver página) como para abordar el “plan jurisdiccional para el regreso seguro a clases presenciales” que, tal como publicó ayer este diario, contempla la vuelta de los alumnos de Primaria y Secundaria con un sistema mixto, entre el aula y la virtualidad, para evitar la concentración de personas en un sistema escolar de alrededor de 10.000 establecimientos educativos y 3.300.000 estudiantes, el más grande del país. Todo bajo el paraguas de estrictos protocolos, como el uso obligatorio de tapabocas, control de temperatura y la ya asumida distancia social.

Como en Capital, se prevé acompañar esos protocolos con las adecuadas condiciones de infraestructura e higiene de los establecimientos escolares.

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Aunque los anuncios del Gobierno porteño, tal como consideró la secretaria general del gremio UTE, “desconocen el funcionamiento de las escuelas y no tienen idea de cómo es dar una clase”. Y en esa línea, criticó que “se dice que se va a hacer una burbuja con cada grado, pero un docente tal vez da clases en cinco escuelas”, por lo que, aseguró Graciano, la propuesta del gobierno porteño no tiene “arraigo en la realidad. Son palabras que suenan muy bien, pero caen al vacío”.

Por eso, la dirigente gremial confirmó que están “planteando la retención de servicios que está prevista en la ley de Asociaciones Sindicales”, lo que significa “no concurrir al lugar de trabajo porque no se garantizan las condiciones exigidas por los acuerdos nacionales”.

¿Por qué estarían dadas las condiciones para la vuelta a la presencialidad en la Provincia y no en la ciudad de Buenos Aires?

Consultadas por este diario, fuentes de Suteba hicieron hincapié en que el gobierno porteño “no construyó las garantías sanitarias ni protocolos integrales para cada uno de los anuncios que hizo”, criticaron “la reducción de partidas en Educación” y cuestionaron que allí la presencialidad escolar “se plantea sin considerar la situación sanitaria de la Capital, además de hacerlo sin convocar a la participación de los maestros”. En la Provincia, en cambio, desde el gremio resaltaron la creación del mencionado plan jurisdiccional, “trabajado, debatido y aplicado por primera vez a fines de octubre pasado en más de 20 distritos en los que las condiciones sanitarias lo permitían. Dónde no había garantías, no hubo presencialidad”.

En tanto que desde Sadop, el sindicato de los docentes privados, también descartaron la realización de un paro que obstaculice el retorno en tiempo y forma de los alumnos. Recordaron que el próximo mes tendrá lugar el primer encuentro paritario del año que, además de lo salarial, prevé dedicar un capítulo especial a los protocolos para el regreso y advirtieron: “Nunca nos oponemos a la presencialidad, pero queremos que se tomen los recaudos necesarios para cuidar a la comunidad educativa”.