En el marco de la investigación para dar con las nueve personas que en la noche del lunes atacaron con bombas molotov el edificio del Grupo Clarín, el juez federal Luis Rodríguez solicitó la colaboración en el caso de agentes del FBI -la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos- y de un organismo criminal de Chile.

Lo que pretende el magistrado es que estos organismos analicen una huella dactilar encontrada en uno de los proyectiles incendiarios arrojado por el grupo, que no llegó a romperse y que podría resultar clave para hallar a los sospechosos. Como en los registros nacionales (RENAPER, RENAR y la Dirección Nacional de Migraciones) no hay información sobre esa huella, una posibilidad es que pertenezca a una persona extranjera que pudo haber ingresado ilegalmente al país o que se trate de un turista sin datos asentados.

Para dilucidar eso es que el magistrado pidió a la delegación que el FBI tiene en Buenos Aires que coteje la huella encontrada con sus registros. Y lo mismo hizo con un organismo criminal de Chile que entre sus archivos cuenta con datos de personas de América Latina.

El grupo que tiró entre siete y ocho bombas molotov contra el edificio de Clarín (sobre la calle Piedras, de Buenos Aires) estaba integrado por nueve personas: seis hombres y tres mujeres. Todos estaban encapuchados, sin embargo quedaron filmados y los investigadores ya tienen los rostros individualizados de cada uno. Incluso, un detalle físico que los peritos encargados de la revisión de las imágenes detectó en uno de los sospechosos era hasta ayer la pista más firme que se tenía para dar con la banda.

Para encontrar a los atacantes, personal de la División Antiterrorismo de la Policía Federal y del Centro de Investigación Judicial (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aire relevó más de 400 cámaras de seguridad. Sobre la base de esos registros, los investigadores están tras la pista de un grupo de anarquistas que suele moverse por la zona de Constitución y Barracas y que para perpetrar su ataque se habrían movilizado a pie, en bici y en al menos tres motos.

Lo que hasta ayer no se había obtenido eran las patentes de esos vehículos. “Cuando se amplía la imagen (registrada por la cámara de seguridad) se pixela y no se puede ver”, explicó una fuente del caso en declaraciones periodísticas.

La investigación avanzaba además con otras medidas de prueba como el análisis de las antenas de teléfonos celulares de la zona para obtener los números que impactaron en el momento del ataque.

Bajo la carátula de intimidación pública, el hecho es investigado por el fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, y por el juez Rodríguez, quienes entre sus tareas tienen la de dilucidar el móvil del ataque. Aunque, según detallaron voceros judiciales, todo apunta a que se trata de “un grupo minúsculo de características anarquistas, ya que no hubo una reivindicación pública del ataque a la sede del grupo de comunicación”.

El ataque a Clarín, ocurrido el último lunes poco después de las 23, provocó un principio de incendio en el edificio, sin heridos ni daños materiales. Y desató un amplio rechazo de distintos sectores del periodismo y la oposición al que también se sumaron funcionarios del Gobierno nacional (entre ellos, el propio Presidente) y agrupaciones oficialistas como La Cámpora.