Puerto La Plata sin destino, sin un marco político nacional

Presidente honorario de la UIGLP

En los últimos días, se ha escrito y discutido mediáticamente sobre el rol del Puerto La Plata, desde su destacado hipotético potencial de desarrollo si se concreta la apertura del llamado canal de la Magdalena hasta su escaso o nulo aprovechamiento en su situación actual.

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En ese marco, incluso, nuestro arzobispo platense, Mñor. Víctor Manuel Fernández, ha mostrado su inquietud y ha planteado, con sensatez y sentido común, la necesidad de que se reúnan los diferentes actores del quehacer portuario y que consensuen medidas concretas para comenzar con su importante y básica actividad, como es la generación de trabajo y el crecimiento de la Región. En relación a ello, todo lo leído y escuchado que pueden ser aportes valiosos, al ser individuales y muchas veces contradictorios, incluso en las mismas filas del oficialismo, no han generado, hasta el momento, ningún resultado satisfactorio. Por tal razón, hemos propuesto reiteradamente la necesidad de contar con un marco de política portuaria nacional a largo plazo, sustentable y competitiva para nuestra producción país y que contenga una planificación estratégica sobre el rol que debe desempeñar cada referente del sistema, como son: cada uno de los puertos, la Hidrovía, la necesidad de recuperar nuestra Marina Mercante, la concreción de la infraestructura vial y férrea que debe nacer desde el corazón de nuestros centros de producción, la realización de convenios laborales que protejan al trabajador y que respalden la competitividad del sector, la apertura del llamado “Canal de la Magdalena”, que este mismo medio ha difundido, nuestra opinión, en la nota “Canal de la Magdalena, necesario pero no suficiente”, etc.

Por lo descripto y para que nuestra estación portuaria pueda cumplir con las enormes expectativas que generó en la comunidad local y del país, con una de las inversiones privadas más significativa de los últimos tiempos, que la catapultaron a la más innovativa de su tipo, deberíamos conocer, y ser parte sustancial en su diseño, de la política portuaria nacional, la que, al margen de lo adelantado, correspondería prever como recuperamos lo esencial como es la carga de bandera, hoy con más del 90 por ciento en manos de los países vecinos. Esa es la prioridad impostergable del momento y que lamentablemente parecería que no tiene agenda en las autoridades a pesar de peticiones y reclamos.

En este contexto, si se aceptara la propuesta, nuestra Región cuenta con otra gran ventaja para su desarrollo, que es el Astillero Rio Santiago, en el cual, por su historia y antecedentes, se podrían fabricar cualquier tipo y tamaño de embarcaciones de carga, ya que, tiene capacidad técnica y personal altamente calificado para esa finalidad. Por otra parte, además de recomenzar a incorporar la actividad específica para la construcción de buques de carga, que desde hace mucho tiempo no genera este tipo de producción y su estructura de funcionamiento, según declaraciones de su actual presidente, debe ser subvencionado por la Tesorería Provincial en más del 90 por ciento, se comenzaría con un círculo virtuoso de generación de trabajo y construcción de medios de transporte para nuestra producción. Haciendo un paréntesis a lo que estamos tratando, aunque está directamente relacionado con la generación de trabajo que tanto necesitamos, de concretarse este tipo de operaciones en el Astillero, el erario provincial no solamente se ahorraría millones de pesos para el sostenimiento de actividades improductivas, sino que, además, generaría un sin número de puestos de trabajo indirectos en toda la Región. Lamentablemente, esto demuestra la poca claridad en la toma de decisiones de quienes tienen la responsabilidad y decisión sobre la generación del trabajo y se resguardan en el “statu quo” vigente, sin activar ninguna acción lógica y necesaria de cambio.

En la misma línea, se pueden aclarar las críticas de determinados sectores a la concesión de la Hidrovía, argumentando pérdida de soberanía marítima y comercial por desvíos que se generan y afectan intereses nacionales y los funcionarios estatales que integran el organismo de control (órgano básico creado específicamente para la defensa del interés nacional), designados por los gobiernos de turno, éste y anteriores, nunca corrigieron o hacen mención de los supuestos desvíos.

Además, la política portuaria, que uno ha propuesto persistentemente y que el contexto mundial obliga, incluye la optimización de los costos de funcionamiento de cada puerto por lo que su conectividad con las áreas productivas y ubicación en la vía fluvial son factores que destacan la ventaja competitiva que ofrece cada uno de ellos y, sin duda, el nuestro, por ser el primero de entrada a la vía fluvial puede aprovechar, significativamente, cuando tenga la infraestructura vial y férrea adecuada, esa natural ventaja.

En síntesis, es muy loable y ejemplificadora la propuesta de nuestro arzobispo, pero los interlocutores a integrar la hipotética mesa de trabajo y concertación deberían ser los diferentes representantes del quehacer portuario, con la coordinación del Estado, sobre la base de definir propuestas claras y concretas para fijar, como punto de partida, una política pública portuaria que represente realmente a los intereses del País y de todos los argentinos y no insistir, por razones ideológicas o desconocimiento, que una obra aislada o teóricas afectaciones a nuestra soberanía marítima comercial, a que hicimos referencia, solucionan los problemas de fondo expuestos y que padecemos desde hace mucho tiempo.