Un duro informe de Human Rights Watch sobre Formosa

Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins publicaron ayer un informe en el que alertan sobre las medidas “abusivas e insalubres” en la provincia de Formosa para prevenir la propagación del COVID-19 y confinamientos que “podrían considerarse detenciones arbitrarias”.

“Las medidas para frenar la propagación del COVID-19 deben proteger a los ciudadanos, no exponerlos a un riesgo mayor”, dice en el informe el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

“El Gobierno nacional debe trabajar con las autoridades provinciales para periódicamente verificar que Formosa respete los derechos humanos en su respuesta a la propagación del COVID-19, para lo cual debe, entre otras medidas, garantizar que se limite el uso de las fuerzas policiales para rastrear contactos estrechos”, agrega.

Según el informe, el Gobierno de Formosa, en el norte de Argentina, “ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del COVID-19”.

Señala que “las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia”.

También que “habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el coronavirus”.

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Y que “durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”, tras imponer un “bloqueo sanitario”.

La publicación de HRW está basada en entrevistas a 45 personas en la provincia gobernada por Gildo Insfrán desde 1995 y en información oficial provincial y nacional.

DETENCIONES ARBITRARIAS

Según relevó el informe, desde abril de 2020 más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud y, en muchos casos, “bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”.

También indica que en los centros de aislamiento las personas confinadas no pueden salir, están en general bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones.

Y señala que, en ocasiones, en los centros se ha dificultado el distanciamiento social, que en algunos centros no había ventilación adecuada, y que las autoridades no brindaron atención médica adecuada.

“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19”, expresa en el informe la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Kathleen Page.

REFLEJO DE LAS MEDIDAS

El Gobierno de Formosa estableció nuevos protocolos de cuarentena y aislamiento y cerró algunos de los centros, tras la visita del secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a fines de enero pasado, y luego de que la situación en la provincia trascendiera en la prensa y se presentaran varias demandas judiciales.

El 19 de marzo pasado un juez federal ordenó a las autoridades formoseñas que terminen con la cuarentena obligatoria para quienes ingresen a la provincia con una PCR negativo.